En una acción coordinada con objeto de protegerse entre sí, los partidos PRI, PAN, PRD y PVEM decidieron dejar sin efecto los trabajos en la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa, donde el presidente en turno, Cándido Ochoa Rojas (PVEM), propició que el grupo de diputados dejará de reunirse desde hace nueve meses.

Araceli Damían (Morena) denunció que el gobierno y los partidos que controlan el Congreso, apuestan al olvido de la masiva desaparición forzada de estudiantes, porque detrás subyace el perverso interés electoral.

En reiteradas oportunidades y por distintos canales, la diputada Damián ha insistido en darle sentido a la comisión legislativa, que si bien desempeñó un papel relevante en mantener vivo el tema de los jóvenes desaparecidos, con el paso de los meses, acompañados de la omisión deliberada de la mayoría de diputados del PRI, PAN, PRD y PVEM, dejó de operar.

El pasado 7 de noviembre, intentó que la Junta de Coordinación Política –encabezada por el panista Marko Cortés– dedicará atención a la renovación de la presidencia del grupo. Trató que su petición fuera llevada a esa instancia, pero ni siquiera el conducto al que acudió fue sensible a esa petición:

Desde que el diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM) tomó posesión como presidente de la comisión especial, no ha habido un solo avance en las actividades que la comisión debe realizar. La mayor evidencia de ello es la constante negativa a convocar a reuniones, mismas que el diputado Cándido sólo realizó el 25 de octubre de 2016, el 7 de febrero de 2017 y el 3 de mayo de 2017. Cuatro meses después de la última convocatoria, llamó a los intergantes el 25 de agosto, pues pretendía votar un informe semestral, cuyo contenido no se hizo del conocimiento de la comisión, pero careció de quórum para su aprobación.

Cándido Ochoa incumplió con las disposiciones establecidas en el reglamento de la Cámara de Diputados. Se opuso a todas las gestiones y reuniones convocadas por los legisladores interesados. Las omisiones de ese legislador fueron tan evidentes, como la siguiente:

Él convocó a una reunión extraordinaria el 21 de febero de 2017, sin aviso previo de 72 horas como mínimo, lo hizo apenas con una par de horas de anticipación. Aún así se celebró el encuentro, que se extendió unos cuantos minutos. Ahí se notificó que al día siguiente habría un encuentro en la Procuraduría General de la República. El diputado Cándido Ochoa no se presentó a la cita a pesar de que la subprocuradora de Derechos Humanos recibió a los representantes de la Cámara.

Así también quedaron rezagadas y sin concretarse reuniones con Enrique Gil Botero, comisionado coordinador del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa. Con Trinidad Larrieta Carrasco, visitador general para la investigación del caso Iguala. Con estudiantes sobrevivientes a los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y con los integrantes del Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México.

“Parece que quieren dejarla morir en lo que resta de la legislatura. Este desinterés es absolutamente indicativo de que mientras ellos están acomodándose, viendo una serie de cuestiones que les parece fundamentales en materia electoral lo van a mantener en el cajón. Es lo que se pretende, yo no veo interés porque los actores políticos –actualmente– no se han manifestado en torno a qué es lo que van a hacer con el caso Ayotzinapa. Y es muy triste que la sociedad continúe en el reclamo del esclarecimiento del caso porque fue una desaparición masiva de jóvenes. Estamos hablando de una desaparición forzada y el Estado mexicano tendría que ser acusado por eso en los organismos internacionales de los derechos humanos”, consideró la diputada Damián.