ueron tres los planteamientos centrales de la peculiar movilización que protagonizó Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua: en primer lugar, la denuncia y el rechazo a los tradicionales mecanismos de control político que ejerce el poder centralista respecto a las entidades federativas (con la consecuencia específica de haber retenido más de 900 millones de pesos a las arcas del estado norteño); en segundo lugar, la exigencia de que sea extraditado y castigado, conforme a criterios de estricta justicia, el ex gobernador priísta César Duarte, quien saqueó sistemáticamente las finanzas chihuahuenses; y, por último, pero no menos importante que los otros dos puntos, la difusión y la demanda de castigo ejemplar del entretejido delictivo que llevó a la secretaría federal de Hacienda (con Luis Videgaray al frente, entonces; hechos que luego debería haber conocido el sucesor, José Antonio Meade) a triangulaciones para entregar dinero público a campañas electorales priístas (con Manlio Fabio Beltrones como presidente del comité nacional tricolor y presunto cómplice de las maniobras, y uno de sus hombres de confianza en asuntos de dinero, el empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez, apresado y convertido en una especie de rehén en disputa).

En una negociación extrañamente civilizada y de mutua comprensión e incluso halagos entre las dos partes, el secretario federal de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida (priísta modélico, miembro destacado de la ortodoxia del estilo atlacomulquense, ejecutor impecable de las órdenes superiores), y el siempre altisonante Javier Corral Jurado anunciaron una serie de acuerdos que satisfacen las aspiraciones inmediatistas y pragmáticas de los negociantes, sin generar una sola propuesta o acción que fuera al fondo de los asuntos planteados e incluso con un evidente tufo de que se permiten o propician circunstancias para manipulaciones políticas y judiciales que permitan que continúe la manipulación centralista de los fondos federales hacia los estados (si acaso, con la protesta política y las movilizaciones como fórmula para una especie de chantaje restitutorio); que César Duarte invoque violaciones al debido proceso (mostrando los acuerdos políticos a que llegaron los gobiernos federal y chihuahuense en cuanto a celeridad de trámites que se supone no deben ser influidos por arreglos de esa índole, política) y, en dado caso, su proceso judicial termine afectado a favor del priísta, con tanta benevolencia de errores sembrados (como ha sucedido con otros ex mandatarios); y, por último, que el rehén interpartidista, Alejandro Gutiérrez, haya sido entregado al paulatino pero imparable control procesal del peñismo, ya trasladado a un centro penitenciario del gobierno federal, en Ciudad Juárez, y con el recurso jurídicamente subsistente de la tortura (por más revisiones que hagan ciertas instancias defensoras de derechos humanos) como vía para ir posponiendo (cuando menos, para después de los comicios de julio próximo) el tema de la triangulación de dinero federal a campañas priístas y, a como se ven las cosas, para construir alguna forma de virtual exoneración, judicial y política, del operador financiero Gutiérrez, de su jefe Beltrones y de los tecnócratas Videgaray y Meade.

La maraña de intereses y ambiciones concentradas en el lance chihuahuense iniciado el 20 de enero en Ciudad Juárez tuvo, además de sus plausibles tres propósitos originales (los planteados al inicio de esta columna), un evidente hedor a maniobra con fachada justiciera pero propósitos politiqueros (el viernes hubo una videocharla astillada sobre el tema: Los claroscuros de Javier Corral y su caravana https://goo.gl/Qke4eB).

Con un estado sumido en graves problemas de inseguridad pública (la delincuencia organizada, absolutamente fuera de control; la ejecución de Miroslava Breach como pendiente ético y judicial) y amplias críticas de sectores chihuahuenses al estilo protagónico y pretencioso, pero ineficaz en términos de gobernabilidad, de Corral Jurado, éste optó por una fuga hacia adelante, en carriles nacionales y partidistas: con la Caravana por la Dignidad buscó adherirse a la vestimenta panista una etiqueta de presunto luchador social antisistema y estuvo a punto de culminar con éxito la construcción de una aureola de auténtico combatiente contra la corrupción (pero los términos pragmáticos y utilitarios de los Acuerdos de Bucareli lo han mostrado, con rapidez, lejos de esa apetencia y más como un negociador de la ley).

El capital político de la movilización corralista (la cual tuvo el apoyo de Emilio Álvarez Icaza, como coordinador general, y de intelectuales y activistas como Denise Dresser y Jorge Castañeda) habría tenido como beneficiario electoral a Ricardo Anaya, el (pre)candidato presidencial panista con quien el chihuahuense tuvo fuertes diferencias, pero de quien es ahora un aliado por mutuas conveniencias. La fotografía de Corral, el caravanero, apoyando electoralmente a Anaya Cortés, habría sido una transferencia gráfica de las ganancias de la marcha (que en varias ciudades se convirtió en activismo panista extraoficial) a la figura del joven queretano que aspira a presidir el país.

La historia de un final feliz para los propósitos panistas y anayistas, con la bandera de la lucha anticorrupción como contribución marchante de Corral, se topó con la develación de uno de los mecanismos utilizados por el citado Anaya Cortés para hacerse de muchas y caras propiedades en Querétaro.

Además de la evidente historia oscura de un panismo inmerso en escándalos de corrupción durante el foxismo, el calderonismo y a través de moches y otros métodos practicados en las cámaras legislativas y gobiernos estatales y municipales, un reportaje de Álvaro Delgado, en la revista Proceso, ha documentado que la Fundación por más Humanismo, creada por Anaya en 2009, fue usada por él para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras. ¡Hasta mañana!

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