La fiscalía especial contra la tortura, creada por la Procuraduría General de la República (PGR) hace una semana, no representa ningún cambio de fondo en la manera de investigar dichos delitos o medidas en favor de las victimas, sostuvieron los dirigentes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) y de Idheas, asociación civil enfocada también a la defensa de las garantías individuales, y aseguraron que a esta nueva área sólo se le cambió de nombre.

José Antonio Guevara, director de la Cmdpdh, explicó que la creación de la nueva fiscalía se concretó como cumplimiento a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual entró en vigor en junio del año pasado. Sin embargo, afirmó que la medida es sólo cosmética, para cumplir con los plazos marcados por dicha legislación al no establecer un rediseño de las investigaciones.

El problema que vemos es que la procuraduría simplemente le cambió de nombre a la unidad que ya tenía, que ha dado resultados sumamente insatisfactorios en la investigación y procesamiento de las personas señaladas de haber cometido tortura. Las personas que encabezan la dependencia no están nombradas por el Congreso y la idea era que quien la encabezara fuera independiente del Ejecutivo federal; entonces nos parece sólo un cambio de nombre, indicó Guevara.

Un obstáculo

Señaló que la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, que fue creada por la PGR en 2015, y que ahora se transforma en la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, ha entorpecido la solicitud de expedientes que han hecho organizaciones civiles para poder ofrecer ayuda jurídica a las víctimas de este ilícito.

Actualmente continúan dificultándonos la representación legal de víctimas de tortura, están entorpeciendo la presentación de pruebas independientes en los expedientes, agregó.

Subrayó que los delitos de este tipo se siguen investigando a la usanza antigua, tomando como única prueba válida el Protocolo de Estambul, cuando, dijo, se deberían poder presentar otro tipo de evidencias.

Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, señaló que el decreto publicado por la PGR para la creación de la fiscalía no retoma las competencias que tendría y sólo crea su estructura.

Señaló que desde la creación de la unidad especial, y ahora de la fiscalía, ha sido bastante oscura, no ha tenido efectividad en las investigaciones, por lo menos desde las organizaciones no se observa eso.

Reconoció que la Ley General contra los Delitos de Tortura representa un avance; sin embargo, no cuenta con elementos para conocer si la conformación de la fiscalía fue adecuada, ya que para su creación no se consultó a los organismos de la sociedad civil, mientras el decreto que la creó no establece algún procedimiento que mejore las investigaciones respectivas.

Además, sostuvo que la procuraduría creó un protocolo homologado para este tipo de delitos, pero tampoco se consultó a las organizaciones sociales, por lo que desconocen si tiene las bases correctas para la investigación de la tortura.