La asignación de recursos a los tribunales electorales debería incorporar esquemas que no condicionen su funcionamiento ni los expongan a la reducción desproporcionada de fondos que pongan en riesgo su operación, como recientemente ha ocurrido en el caso de Morelos, advierte Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien sugiere explorar fórmulas como el establecimiento porcentual del presupuesto.

En diciembre, el Congreso morelense aprobó un presupuesto de 18 millones de pesos al tribunal electoral de la entidad, lo que representaba una reducción casi de 60 por ciento respecto de los 41.5 millones que originalmente solicitaba el órgano judicial.

El TEPJF detectó irregularidades serias en el procedimiento, ya que contrario a las prácticas regulares en las que el Ejecutivo remite en sus términos las propuestas de otros poderes y órganos autónomos, ajustó los 22.5 millones de pesos sin justificación alguna.

Para el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, Óscar Wong, el caso Morelos no ha sido el único en el pasado reciente en el que se han recortado recursos, pues ha ocurrido en Aguascalientes y Nayarit.

El Tribunal Electoral de Chiapas cerró las puertas en 2016 porque no había dinero con qué pagar servicios ni personal. Sólo con la intervención del gobernador se volvió a abrir, dotándole de los recursos económicos necesarios.

Con la existencia de los tribunales electorales locales en entredicho en la más reciente reforma en la materia, por la duplicidad de funciones (había propuestas que sugerían su desaparición), Wong desestima los cuestionamientos de la inutilidad de estas instancias: sólo 30 por ciento de sus resoluciones se impugnan ante el TEPJF y de éstas, asegura, 91 por ciento confirman las resoluciones locales.

La injerencia indebida del gobierno de Morelos obligó a la interenvención del TEPJF, que está a la espera del cumplimiento de la sentencia, explica Rodríguez Mondragón. Se instruyó al Ejecutivo a reponer el procedimiento, porque hubo una violación al no respetar el proyecto enviado por el tribunal estatal, explicó, aunque el Congreso podría, en ejercicio de sus facultades, ajustar la propuesta.

En ese supuesto, el tribunal local debería decidir si impugna nuevamente ante el TEPJF por insuficiencia presupuestal, acota. En el caso de que se determine que se deben incrementar recursos, la opción sería demandar una ampliación presupuestal, puesto que la partida asignada ya se está ejerciendo.