La comisión especial de la Cámara de Diputados que indaga la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México solicitó a las procuradurías Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) realizar estudios de impacto ambiental en los municipios afectados por las obras.

En oficios enviados a ambas procuradurías, la comisión requirió información sobre los daños por la explotación de minas de tezontle y basalto en municipios mexiquenses, materiales utilizados para la terminal, así como a las fuentes de agua de distintas poblaciones, causados por la empresa Grupo Minero Betancourt, que realizó la extracción sin permisos oficiales.

Al titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, la comisión y representantes de distintas comunidades le informaron que esa compañía utilizó explosivos para la extracción de basalto en Tepetlaoxtoc y causó la destrucción del cerro Xixiutla, en cuyas laderas se encuentran los manantiales Agua Bendita y Agua Escondida.

Después de las explosiones con el material plástico C4, el volumen del agua bajó, lo que demuestra las afectaciones al ciclo hidrológico; los habitantes, indicó la comisión a la Profepa, han alertado del inminente riesgo de que ambas fuentes se sequen.

Ante ello, en nombre de los pobladores, solicitó que esa instancia elabore un dictamen técnico porque las infracciones, daños y perjuicios ocasionados en la cuenta, al ecosistema y a la salud humana (de Tepetlaoxtoc), la situación es grave y existe un peligro inminente de un daño y deterioro grave. También, que se inicie la restauración de la zona, que permita la recuperación de capacidad de asimilación de ambos manantiales, así como el saneamiento de la cuenca.

La comisión requirió a Luis Eduardo Gómez García, titular de la Propaem, también información de la autorización del manifiesto de impacto ambiental de las minas de tezontle y basalto en Acolman, Tecámac, Temascalapa, Tepetlaoxtoc, Teotihuacán, Tezoyuca, Texcoco, San Martín de las Pirámides, Ozumba y Chiautla.

En el oficio a la Propaem, firmado por el presidente de la comisión, Rafael Hernández soriano (PRD), también se incluye la situación legal en que se encuentren esas minas, si alguna ha sido clausurada por violaciones al medio ambiente y si aun así han sido reabiertas.

Refirió que la explotación de las minas ha producido desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de que las empresas operan sin permisos.