El titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalino, Edmundo Garrido Osorio, desacató un amparo al difundir información reservada del menor Marco Antonio Sánchez Flores, lo cual es constitutivo de responsabilidades, incluso penales, afirmó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Al solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) deslindarse de los señalamientos del funcionario de que impidió el acceso a la carpeta de investigación y el expediente médico, violando los derechos humanos de la víctima y su familia, señaló que los padres del joven rechazaron que sea su hijo la persona que aparece en los videos difundidos antier por la PGJ.

El procurador y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirmó, pretenden intensificar la criminalización de la víctima y defender a los cuatro policías involucrados en su ilegal detención, al seguir litigando su defensa en los medios de comunicación.

La Redim, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto para la Justicia Procesal Penal señalaron que con la presentación de fragmentos de videos, donde aparece el estudiante de la UNAM deambulando por las calles y sin golpes, se busca desacreditar las acusaciones en contra de los uniformados e investigar el caso como desaparición forzada.

Sus padres, dijo, solicitaron al fiscal del caso no seguir filtrando información y notificar previamente a la familia y al equipo jurídico antes de cualquier anuncio sobre el caso, lo cual no sucedió, lo que violenta la ley, porque Marco tiene una protección reforzada con respecto a su imagen e identidad.

Además, la CDHDF emitió medidas cautelares y se incumplió con la suspensión concedida por el juzgado decimosexto de distrito en materia de amparo, puntualizaron las organizaciones.

Al respecto, el subprocurador de Planeación, Coordinación y de Derechos Humanos de la PGJ, Jorge Antonio Mirón Reyes, descartó que el procurador haya violado una suspensión decretada en el juicio de amparo sobre este caso; más bien, atendió su deber de mantener informada a la ciudadanía.

No existía impedimento

Señaló que al momento de dar a conocer la línea de tiempo desde su detención hasta un día antes de su localización no existía ningún impedimento para hacerlo, puesto que la dependencia fue notificada de dicha determinación judicial hasta las 12:21 horas del 6 de febrero.

La institución, sin embargo, tiene una restricción de la CDHDF respecto de la condición de salud del menor, así como el tratamiento o atención médica que tiene con sus familiares, lo cual se ha reservado en todo momento por respeto a la víctima y sus allegados, precisó.

Al preguntarle al respecto, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, rechazó hacer algún comentario y pidió a los representantes de los medios de comunicación platicar con el procurador, él es el que tiene el contacto directo con la Comisión de Derechos Humanos y puede informarles cómo ha sido esta relación.