Madrid.

Absurda, imposible y ridícula fueron los adjetivos con los que el gobierno español, por medio de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, definió la propuesta que negocian las fuerzas independentistas para crear dos presidencias en Cataluña: una simbólica y otra operativa.

Esta fórmula permitiría una salida a la figura de Carles Puigdemont, el ex presidente catalán refugiado en Bruselas desde finales de octubre para evadir su comparecencia ante la justicia española.

A pesar de que la sesión de investidura para el nuevo gobierno catalán, surgido de las elecciones del pasado 21 de diciembre, estaba prevista para la última semana de enero o los primeros días de febrero, el proceso está suspendido. Así lo decidió el nuevo presidente del Parlamento, el independentista Roger Torrent, quien dijo que presentaría una serie de alegaciones ante el Tribunal Constitucional con la finalidad de explorar un método viable para la elección de un nuevo gobierno.

En un principio, Puigdemont pretendía que su investidura como presidente se llevara a cabo vía telemática o por skype, y gobernar Cataluña a la distancia, lo que fue prohibido por el Tribunal Constitucional (TC).

Entonces, la directiva de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –cuyo máximo líder, Oriol Junqueras, está encarcelado desde el pasado 2 de noviembre– propuso dos presidencias: una simbólica, que encabezaría desde lejos Puigdemont, y otra efectiva, que llevaría las riendas del gobierno y no tendría impedimentos legales para ejercer las labores cotidianas de la función pública, lo que aún discuten las fuerzas del bloque nacionalista.

En Madrid, el gobierno español y la mayoría de partidos políticos de oposición del Parlamento calificaron de absurda, ridícula e imposible esta fórmula, que ven más bien como un premio de consolación para Puigdemont. Sáenz de Santamaría advirtió que el gobierno va a impedir en los tribunales cualquier intento por gobernar Cataluña desde Bruselas.

En tanto, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechazó la petición de libertad bajo fianza solicitada por Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (la plataforma civil que pugna por la independencia), quien está en la prisión de alta seguridad de Soto del Real desde el 17 de octubre.

Sánchez expresó su decepción en las redes sociales: Otra vez me niegan la libertad. Inexplicable jurídicamente y cruel para mi familia. La violencia nunca ha sido nuestra y nunca lo será. Que la solidaridad y la dignidad de tanta gente siga siempre los caminos de la no violencia. Luz en los ojos y fuerza en el brazo.