yer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que Rabobank National Association (cuya matriz está en los Países Bajos) aceptó perder 368 millones de dólares como castigo, luego de admitir su culpabilidad en una trama sistemática y profesional de conspiración para lavar dinero que se supone provenía de cárteles del crimen organizado, sobre todo, mexicanos.

Rabobank admitió que sus deficiencias operativas permitieron, durante los años finales de la administración de Felipe Calderón y los primeros de la encabezada por Enrique Peña Nieto, que cientos de millones de dólares, en efectivo imposible de rastrear, provenientes de México y otros lugares, se depositaran en sus sucursales bancarias rurales en el Condado Imperial y se transfirieran mediante envíos electrónicos, cheques y transacciones en efectivo sin notificación adecuada a los reguladores federales, según lo exige la ley. Las sucursales a que se refiere la autoridad estadunidense son las de Calexico, adonde a diario llegaban clientes con maletines cargados de dólares en efectivo, para depósito (esta sucursal, aparatosamente dedicada al lavado de dinero, fue cerrada en 2015), y de Tecate, ciudad californiana homónima de la bajacaliforniana.

Las autoridades estadunidenses aseguraron que cuando Rabobank descubrió que un número considerable de las transacciones de sus clientes eran indicativos de tráfico internacional de narcóticos, crimen organizado y actividades de lavado de dinero, optó por hacerse de la vista gorda y cubrir las deficiencias en su programa contra el lavado de dinero (...) Peor aún, Rabobank tomó medidas para obstruir un examen por parte de su regulador sobre esas mismas deficiencias.

También se asentó que los clientes y cuentas de alto riesgo, atendidos por Rabobank, incluyeron aquellos controlados y administrados por empresas mexicanas, extranjeros no residentes y contadores de depósitos con sede en EU. Claramente, las sucursales fronterizas de Rabobank, antes mencionadas “dependían en gran medida de los depósitos en efectivo de México. Rabobank sabía que millones de dólares en depósitos en efectivo en estas sucursales probablemente estaban vinculados a una conducta ilícita. En particular, la sucursal de Calexico, ubicada a dos cuadras de la frontera entre Estados Unidos y México, era la sede de ‘mayor rendimiento’ en la región del Valle Imperial, debido a los depósitos en efectivo de México. A lo largo del periodo de tiempo relevante, Rabobank continuó con esta práctica de solicitar clientes con un uso intensivo de efectivo de México y de otros lugares” (https://goo.gl/Byd24E).

George Martin, quien fue vicepresidente de Rabobank, ha aceptado su culpabilidad en este proceso de lavado de dinero, coopera con las autoridades de Estados Unidos y está en espera de alguna sanción benévola. El tesoro del país vecino se quedará con 368 millones de dólares y Rabobank quedará con una fama maltrecha, pero con lo principal de su patrimonio a salvo. ¿Y las víctimas de esas maniobras de enriquecimiento delictivo, de las muertes y los daños causados a cientos de miles de mexicanos? ¿Son corresponsables esos bancos, extranjeros y mexicanos, y esos empresarios, locales y foráneos, de la persistencia de una violencia contra la población civil por parte de grupos del crimen organizado que funcionan y prosperan con base en los servicios de las instituciones bancarias y financieras que se hacen de la vista gorda? ¿Los bancos que cooperan con el crimen organizado, que lavan dinero y se prestan a negocios sabidamente oscuros, pueden ser declarados culpables de violaciones a los derechos humanos, y deben pagar indemnizaciones a las víctimas de esos procesos sucios de la criminalidad de cuello blanco?

En Holanda, un grupo de mexicanos postulan que el lavado de dinero tiene relación con las víctimas del crimen organizado. Fernando Hernández, como parte de un colectivo, presentó en febrero del año pasado una demanda para que, al menos en los Países Bajos, el caso de Rabobank no quede solamente en el terreno de los delitos financieros. Hernández es economista con maestría en desarrollo internacional y doctorado en geografía humana, formado en Inglaterra y Estados Unidos, reportó Paula Mónaco Felipe en La Jornada, al dar cuenta de la presentación de esa demanda en 2017 (https://goo.gl/kfFEQo).

Llegué acá en 2015 y formé un colectivo, el SMX Collective, con otros mexicanos y activistas holandeses, para trabajar en la búsqueda de que la Corte Penal Internacional atrajera el caso de violación sistemática a los derechos humanos en México, dice Hernández. En ese proceso, decidieron aprovechar positivamente el hecho de que, en Holanda, la ley permite exigir justicia a las víctimas de las empresas del propio país. Eso no es posible hacerlo desde México, pero técnicamente, la víctima de una empresa holandesa puede venir a Holanda a solicitar justicia.

La demanda del SMX Collective ha sido presentada por un abogado de renombre, que ha llevado varios casos de índole internacional, el holandés Göran Sluiter. La importancia del litigio en Holanda estriba en la posibilidad de que “los culpables de crímenes financieros reconozcan a las víctimas que causan en ese proceso de generación de riqueza. Señalamos que Rabobank es culpable, al lavar el dinero del cártel de Sinaloa, de complicidad en la violación de derechos humanos de mi familia y miles más” (un familiar de Fernando Hernández fue desaparecido en Durango, en 2010).

Y, mientras la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha suspendido (sin determinar si de manera provisional o definitiva) la entrega de un doctorado honoris causa al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, a causa de múltiples expresiones de rechazo, entre ellas la renuncia al mismo grado honorario por parte de la antropóloga, académica y feminista Mercedes Olivera Bustamante y de Andrés Fábregas Puig, fundador de la Unicach… ¡hasta mañana!

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