A punto de concluir el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales, que se inició hace 17 años, se ha desprendido de la mayor parte de su patrimonio y dejará al gobierno federal la obligación de pagar pensiones a más de 27 mil trabajadores.

De hecho, el año pasado se canalizaron 2 mil 753 millones de pesos del presupuesto para el pago a jubilados y hay aún en litigio 3 mil 525 juicios laborales de ex ferrocarrileros que pelean por una pensión, por lo que se requerirán mayores recursos financieros.

De acuerdo con el informe del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) sobre el avance del proceso de liquidación, se trata de “un proceso deficitario que presenta problemas de liquidez”, toda vez que requiere recursos públicos y “por lo tanto está sujeto a la disponibilidad presupuestal”.

Hasta diciembre pasado el padrón de jubilados ferrocarrileros lo integraban 27 mil 70 trabajadores, a los que mensualmente se destinan mil 330 millones de pesos para sus pensiones.

Desde que se inició la liquidación de Ferronales y hasta diciembre del año pasado concluyeron apenas 338 procesos pendientes, cuantificados en más de 2 mil millones de pesos.

En ese informe remitido al Senado, el SAE resalta que durante el segundo semestre de 2017 se erogaron 33. 5 millones de pesos para el pago a deudos de mil 70 jubilados ferrocarrileros ya fallecidos.

El SAE sostiene que pese a la falta de recursos hay avance en el proceso de liquidación, debido sobre todo al aumento de los activos de Ferrronales a raíz del reconocimiento de los inmuebles susceptibles de enajenación.

Al cierre de 2017 “y derivado de la estrategia denominada proyecto comercial” se transfirieron 356 inmuebles al SAE, con más de 27 millones de metros cuadrados y un valor aproximado de mil 611 millones de pesos.

Para asegurar una transferencia ordenada de los inmuebles, se depuraron mil 25 expedientes correspondientes a contratos de arrendamiento y comodatos.