Buenos Aires.

El ministro argentino de Defensa, Oscar Aguad, anunció la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido -el esquema del Comando Sur de Estados Unidos- integrada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas, para apoyar logísticamente la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Para esquivar la prohibición de la ley de Defensa y de Seguridad Interior, que impide ese tipo de tareas, Aguad sostuvo que la intervención de las Fuerzas Armadas se hará en principio como apoyo logístico en operativos que realicen Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Vamos hacia un Estado gendarme, denunció el diputado opositor Agustín Rossi , ex ministro de Defensa, al remarcar que si se aplica esta doctrina no corresponderá a un estado de derecho. Y surge la voz de alerta de importantes juristas ante este avance ilegal e inconstitucional. Aguad, viajó a Miami, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ligada a los sectores derechistas y de inteligencia de Estados Unidos y allí visitarán junto a autoridades de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la agencia antidrogas DEA y el Departamento de Estado, según un medio local.

El ministro mencionó que para esa unidad especial necesita equipos lo que incluye la compra de helicópteros, camiones de brigada, armamento moderno y aviones, informó el portal Infobae. Es hora de que tengan un rol activo en la lucha contra el narcotráfico y el cuidado de los recursos naturales de la Argentina como ocurre en cualquier lugar del mundo, sostuvo el ministro, quien mantendrá una reunión con la jefatura del Comando Sur

Esto sucede cuando el gobierno fue otra vez denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después que el Ministerio de Seguridad y la Gendarmería nacional iniciaron una causa contra los testigos y abogados que actuaron en el caso de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, lo que es considerado como una persecución y criminalización contra éstos. Aunque parezca increíble el ministerio de Seguridad y la Gendarmería acusan de falso testimonio mediante una asociación ilícita nada menos que a los testigos mapuches que declararon en este caso, dos miembros de la comunidad Pu Lof en resistencia de Cushamen, Matías Santana y Claudina Pilquiman y a un amigo de Santiago, Ariel Garzi, que dio un testimonio clave. Sanatana fue uno de los siete mapuches reprimidos brutalmente por esa fuerza de seguridad con disparos, gases piedras el 1 de agosto de 2017, cuando desapareció Maldonado.

Los abogados de la organización Naturaleza y Derechos habían logrado ya imponer una primera medida cautelar contra el Estado después de la desaparición de Maldonado y ante la cantidad de falsas hipótesis y mentiras que informaba precisamente el ministerio de Seguridad apoyado por la prensa oficialista, que negaba que el joven estaba en Argentina y lo situaba en Chile, creando una serie de pistas falsas, que intentaban poner en duda la realidad de que el joven estaba desaparecido.

Maldonado apareció muerto 70 días después en el mismo lugar del río Chubut aunque toda la zona había sido rastrillada y nadie explica cómo estuvo allí tanto tiempo en un lugar visible. La estrategia oficial se dirigió contra los testigos que comprometen a la Gendarmería.

Ministra Bulrich defiende a policía que asesinó a presunto delincuente desarmado

Por otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires hizo un llamado a las autoridades del Estado argentino para que controlen y obliguen a que todos los poderes del Estado a respetar la Constitución Nacional y los Tratados y Convenciones que la integran, en un comunicado tras la defensa de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a un policía acusado de gatillo fácil, Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un joven delincuente desarmado que escapaba y mintió diciendo que lo hizo en defensa propia. Lo grave es que fue recibido y felicitado como un héroe por el presidente Mauricio Macri.

En ese sentido, el ODH rechazó el intento de la ministra de Seguridad de reabrir la discusión sobre el uso de las pistolas Taser y advirtió esas armas eléctricas han sido catalogadas por el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas como capaces de violentar el deber del Estado de prevenir las violaciones a los derechos humanos, proteger la vida, integridad física y salud, calificándolas como implementos de tortura. Consideró que la discusión no puede ser entre matar o torturar.

A su vez, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó a través de un pedido de informes que el Ministerio de Seguridad haga público el manual de doctrina policial mencionado por Patricia Bullrich durante la entrevista en la que defendió la actuación del policía Luis Chocobar. Sostiene el CELS que en sus intervenciones la ministra dejó en evidencia la preocupante intención del gobierno de ir hacia un escenario en el que los controles políticos y judiciales hacia el accionar policial sean debilitados o inutilizados, y que además convalida con su discurso prácticas policiales contrarias a los estándares.