Si los partidos políticos y coaliciones pretenden hacer actos masivos para la toma de protesta de sus candidatos presidenciales este fin de semana, deberán notificar formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), a efecto de que se tomen las previsiones en materia de fiscalización. De acuerdo con las modificaciones en la materia, los recursos utilizados en este tipo de actos contarán como parte de los gastos de precampaña.

La consejera Pamela San Martín explicó que, en su caso, los aspirantes a la Presidencia de la República podrán expresar discursos con las restricciones que prevalecen en torno al periodo de intercampaña y que especialmente prohíben el llamado al voto. Se estableció una regla para todos los precandidatos, precisamente porque se detectó que eran actos realizados con posterioridad al final de las precampañas y eran eventos que llevaban a cabo todos los partidos o coaliciones.

En vísperas de que este fin de semana se realicen las asambleas y actos públicos donde se formalizarán las candidaturas de quienes fueron precandidatos únicos en las tres coaliciones registradas –Todos por México, Por México al Frente y Juntos Haremos Historia–, San Martín detalló que en su momento el INE realizó adecuaciones a las regulaciones en materia fiscalizadora, para que si los actos son masivos se contabilicen como gastos de precampaña, no así si no son masivos y sólo se formaliza la candidatura, en cuyo caso son considerados ordinarios de los partidos.

Notificación obligatoria

La notificación obligatoria –agregó– obedece a que el INE deberá enviar personal para verificar que todos los recursos que se utilicen para la organización del acto sean efectivamente reportados como gastos de precampaña. Incluso si el aspirante rinde protesta en tres eventos distintos, correspondientes a cada uno de los partidos que lo postulen, deberá reportar las erogaciones realizadas en los tres actos.

En todos los casos, el aspirante podrá hablar de sus propuestas, pero deberá abstenerse de hacer llamados al voto, ya que entonces se consideraría un acto anticipado de campaña, con las consecuencias que esto implicaría.

En torno a la sistematicidad de entrevistas de algún candidato a diversos medios de comunicación, la consejera precisó que el INE intervendría si existe una queja donde se denuncie una eventual adquisición de espacios.