Las organizaciones y personalidades que se agrupan en el colectivo #SeguridadSinGuerra llamaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI), al considerar que normaliza el uso de una estrategia ineficaz contra la delincuencia, que lejos de garantizar la integridad ha generado incontables violaciones a las garantías fundamentales.

La aplicación de esta norma, señalaron, agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles. No hay evidencia de que la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos. Por el contrario, desde que participan en labores que constitucionalmente corresponden a autoridades civiles se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes.

El colectivo, integrado por más de 250 organizaciones civiles, como Serapaz o la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y más de 100 especialistas a título individual, enfatizó que es tal el riesgo de esta norma que actores como la Comisión Nacional e Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, gobiernos locales, legisladores federales, ONG y periodistas han promovido un número histórico de acciones de inconstitucionalidad, controversias y juicios de amparo contra la Ley de Seguridad Interior.

La SCJN tiene el desafío, subrayaron, de ser contrapeso democrático para detener una norma que contiene disposiciones que violan diversos derechos y transgreden la Constitución y los tratados internacionales.

Ubicaron algunos de los aspectos preocupantes de esta ley: no distingue claramente los conceptos de seguridad pública, interior y nacional, sino que atribuye a las fuerzas armadas tareas en la materia que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles; no establece plazos definidos de duración de las participaciones federales, éstas pueden ser modificadas, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención.

Tampoco se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; no se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley. La legislación viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, y aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de las garantías fundamentales, sostuvieron.