Zacatecas, Zac.

Decenas de municipios del estado tienden a desaparecer, literalmente, pues por lo menos 20 de los 58 se han despoblado de 2000 a la fecha, y en ese mismo periodo otras 20 localidades no han crecido demográficamente.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Censo de Población de 2000 y el Conteo de Población de 2015, esos 20 municipios han perdido habitantes, en lugar de que su población crezca.

En esas demarcaciones es histórico el fenómeno de la migración, es decir, ya se daba décadas atrás a causa del subdesarrollo, la falta de empleos y economías rurales precarias, pero se agudizó en la década reciente.

La migración en esos municipios se aceleró por dos nuevos factores: la violencia y la inseguridad, tal que en algunas comunidades ya alcanza el carácter de desplazamiento forzado de personas, por la operación de organizaciones delictivas.

El gobierno carece de programas

Lo más grave, advierten especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y funcionarios de la Secretaría del Migrante de la entidad, es que a la fecha no existe ningún programa gubernamental para contener y eliminar el problema de la violencia y la inseguridad en esas regiones.

Zacatecas tiene un millón 579 mil 209 habitantes, según el Conteo 2015 del Inegi. Pero desde el sexenio de Ricardo Monreal Ávila (1998–2004), el entonces secretario de Desarrollo Económico estatal Carlos Lozano de la Torre advertía que la población debería ascender a 4.5 millones y tener el mismo desarrollo económico e industrial de vecinos como Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Durango, Jalisco y Aguascalientes.

Con 75 mil kilómetros cuadrados de territorio, Zacatecas ocupa el lugar ocho de los 32 estados del país con más superficie. Sin embargo, desde 2010, según el Inegi, es la entidad con más porcentaje de migrantes hacia Estados Unidos, con 4.8 por ciento frente a 1.6 por ciento, que es la media nacional.

Cifras del Inegi, del Censo de Población de 2000 y del Conteo de Población de 2015 confirman la tasa negativa de crecimiento en muchas regiones. El municipio de Mezquital del Oro tenía oficialmente 3 mil cuatro habitantes, ahora, 2 mil 484. Momax contaba con 2 mil 916, ahora tiene 2 mil 404. Monte Escobedo, 9 mil 702, ahora, 9 mil 126 pobladores.

El municipio El Plateado pasó de 2 mil 18 habitantes a mil 160; Tabasco, de 15 mil 681, a 15 mil 484; Valparaíso, de 35 mil 48, a 32 mil 606; Jiménez del Teúl, 5 mil 235, a 4 mil 275; Juchipila, 12 mil 669, a 12 mil 627; Atolinga, de 3 mil 199 a 2 mil 427 pobladores.

Asimismo, Florencia de Benito Juárez, contaba con 4 mil 368 habitantes y en la actualidad tiene 3 mil 990; Cañitas de Felipe Pescador pasó de 8 mil 522 a 8 mil 393; Chalchihuites, de 11 mil 927, a 11 mil 416, y Apozol, de 7 mil 371 a 6 mil 86 personas.

Afectados, cinco pueblos mágicos

Los pueblos mágicos de Zacatecas, promovidos e impulsados desde 2001 por la Secretaría de Turismo federal, a fin de promover el arribo de turistas a sitios histórico-culturales, impulsar la venta de artesanías, sus festividades, tradiciones y gastronomía también padecen despoblamiento.

Las cinco localidades se ubican en las cabeceras municipales de Nochistlán, Teúl de González Ortega, Jerez, Pinos y Sombrerete. Son pueblos mágicos, ironizan sus habitantes, porque debido a la violencia e inseguridad la gente está desapareciendo.

En 2000 Nochistlán tenía 29 mil 282 habitantes y 15 años después el Inegi registró 27 mil 750 personas. En Teúl de González Ortega la cifra pasó de 9 mil 174 a 5 mil 378 pobladores.

Los otros tres municipios crecieron poco: de 2000 a 2015, Jerez pasó de 54 mil 757 habitantes a 59 mil 125; Pinos, de 64 mil 415 a 73 mil 151, y Sombrerete, de 61 mil 652 a 62 mil 433 personas. De acuerdo con las proyecciones de crecimiento poblacional del Inegi (1.4 por ciento anual para 2016), estas demarcaciones debieron crecer 21 por ciento, en promedio.

Además, según al artículo 124 de la Constitución zacatecana para que una región sea reconocida como municipio debe contar con mínimo 15 mil habitantes en su territorio y 10 mil en su cabecera municipal. Treinta y tres de los 58 municipios no cumplen con esa disposición constitucional.

Desplazamiento forzado

Desde hace más de una década Zacatecas se enfrenta a una oleada de violencia e inseguridad, a lo que se sumó la migración forzada, antaño provocada por el desempleo y la pobreza.

Además, los miles de deportados a México y Zacatecas durante los gobiernos estadunidenses de Barack Obama y Donald Trump no siempre lograron reubicarse en sus comunidades de origen, iniciar proyectos productivos e integrarse económicamente, debido a los graves problemas de violencia.

Sin policías, 26 demarcaciones

El 31 de enero anterior, María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado, en su informe anual de labores detalló que en 26 de las 58 demarcaciones, las policías municipales son prácticamente inexistentes, pues las integran entre uno y 10 elementos.

Lo anterior significa, dijo Domínguez López, que de acuerdo con los estándares recomendados por la Organización de las Naciones Unidas, en la entidad hay déficit de más de 3 mil agentes de seguridad pública, sólo en el ámbito municipal. Esas demarcaciones sin policías son las que cuentan con los índices de despoblamiento más altos.

Rodolfo García Zamora, doctor en economía de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAZ y miembro de la Red Internacional de Migración y Seguridad Humana, en entrevista calificó de grave el problema de los secuestros y extorsiones en la mayoría de los municipios con altos índices de migrantes de regreso que intentaron poner un negocio o una empresa.

“Acá en su tierra han sido víctimas de desmantelamiento de invernaderos, robo de ganado, de maquinaria, destrucción y hurto de equipo eléctrico; la extorsión per se en un contexto de crisis económica. Los proyectos apenas empezaban a prender, esto vino a ser un elemento que prácticamente los aplastó”, expresó el investigador.

Desdén hacia los migrantes

Alguien que desconozca este contexto, lo vería ilógico. Pero si no hay preocupación para los zacatecanos en la capital del estado, salvo cuando se trata del secuestro de un prominente empresario, menos en los municipios. Hay un desdén general para los connacionales, para la gente de los municipios. Los migrantes (sólo) interesan cuando votan y cuando mandan sus remesas, acusó.

García Zamora narró que en días recientes estuvo en la ciudad de Fort Worth, Estados Unidos, donde un integrante de la mesa directiva de la Federación de Clubes de Zacatecanos en Texas le mencionó que un hermano suyo había sido secuestrado en Chalchihuites.

El gobierno de Zacatecas nada hizo para lograr su liberación, asegura García Zamora. Dice que él debió venir personalmente a soltar primero mucho dinero y luego pagar el rescate y así salvar a su hermano.

Garantías a mineras foráneas

Sólo las grandes trasnacionales y mineras han tenido condiciones para operar relativamente sin ninguna dificultad en poblaciones con altos índices de migración e inseguridad. Por ejemplo, la compañía Grupo Modelo de Zacatecas, la fábrica de cerveza más grande de América Latina ubicada en el municipio de Calera, indicó García Zamora.

También mineras como Peñasquito, de la canadiense Goldcorp, en Mazapil, que se encuen Asimismo, El Coronel, propiedad de Carlos Slim, en Ojocaliente, y Fresnillo PLC, de Alberto Bailleres, ubicada en la ciudad de Fresnillo, que es la principal productora de plata primaria del mundo, según la misma compañía. A estas trasnacionales el gobierno mexicano sí les da garantías.

Por lo anterior, manifestó García Zamora, fue creada la Gendarmería, tal como se anunció que era para cuidar las grandes inversiones privadas y de infraestructura, y esas inversiones sí son prioridad nacional, no la seguridad pública ni la de los ciudadanos.

En 2017, Zacatecas fue el primer lugar nacional en secuestros, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional. En contraparte, los municipios se enfrentan solos a los problemas de violencia e inseguridad.

Pregunta el investigador: ¿Qué puede hacer el municipio de Apulco?, en esas localidades donde hay uno, dos, o menos de 10 policías ¿el alcalde debe agarrar una pistola y la macana?.

Una lectura de estos datos, refirió, es porque hay un proceso de territorialización de la industria del crimen. Es decir, es un proceso de exclusión del Estado mexicano, donde los poderes fácticos ya se apropiaron realmente de la conducción de la vida económica, de la vida social, política e institucional”.

Es lamentable, enfatizó García Zamora, que “cuando el municipio es incapaz de cumplir la función de seguridad pública elemental, que es la primera tarea que debe garantizar la autoridad, y de facto está en manos de grupos delincuenciales, significa que estamos frente a un Estado fallido.

“La emigración aquí comenzó a transformarse en un asunto de desplazamiento forzado de personas, por la violencia.

Ese no es un discurso de Washington, pues ya transcurrieron 10 años de esta guerra contra el crimen organizado, ya se gastaron miles de millones de pesos en Zacatecas (incluso con la construcción de nuevas bases militares), y en lugar de que se fortalezca, vemos la destrucción de todo el tejido municipal. Y el gobierno del estado con toda su infraestructura, no cumple con su cometido.

Señaló: “Son conocidos los casos de familiares de migrantes amenazados o privados ilegalmente de su libertad en distintas zonas de Zacatecas, y los delincuentes se comunican vía telefónica con sus familiares en Estados Unidos para exigirles el pago de rescates.

Desde allá los migrantes pagan para liberar a sus parientes y también por extorsiones, con depósitos vía Western Union o Money Gram, directos a tiendas de conveniencia en México que manejan transferencias directas de dinero, como Oxxo y Elektra. Ante este grave problema, los migrantes en cuanto pueden, sacan de Zacatecas a los familiares que aún tenían viviendo acá.