ada que puede, Andrés Manuel López Obrador proclama que en México manda la mafia del poder, formada por funcionarios, empresarios, políticos y sus voceros. Todo lo malo que nos pasa es culpa de ella, afirma. Pero hay otras mafias que disponen de recursos públicos y manejan instituciones financiadas por el erario.
Se sabe de apoyos millonarios otorgados por dependencias gubernamentales a universidades (como la del estado de México) para proyectos que no cumplieron el fin propuesto y el dinero acabó en empresas fantasma. Es público el escandaloso enriquecimiento del ex rector de la Universidad de Nayarit. Hay mafias que deciden quién recibe becas, reconocimientos académicos, algunos con dinero de por medio.
También las que se apropian del manejo de los recursos nacionales. Es el caso de las islas de México, que encierran una enorme riqueza natural, con especies únicas y ecosistemas de gran fragilidad. Reconocidos especialistas que trabajan en esos tesoros del país denuncian que las autoridades han entregado parte fundamental de lo relacionado con ellas a una asociación controlada por Alfonso Aguirre y que recibe apoyo de instancias oficiales y privadas: el Grupo de Ecología y Conservación de Islas (GECI). Y cuestionan la forma en que realiza sus tareas. Un caso relevante se refiere a la isla de Guadalupe.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) anunció en diciembre pasado avances en la restauración de dicha isla. Ocurre que las cabras introducidas diezmaron los bosques nativos a tal punto que sobrevivían pocos pinos y cipreses. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Conanp reportaron que el GECI había logrado erradicar las cabras, el incremento natural de 70 hectáreas del bosque de ciprés endémico y de unos 20 mil pinos. Además, produjeron en un vivero casi 10 mil plantas. ¿Gran logro?
No. Ocultaron que en 2008 el personal de GECI provocó un incendio forestal en Guadalupe al quemar residuos sólidos, acción prohibida en la isla. Según la Comisión Nacional de la Biodiversidad (Conabio), el incendio afectó 6.4 kilómetros cuadrados de pastizal y gran parte del bosque de ciprés en la zona núcleo de la reserva. Algo muy serio y perjudicial considerando la escasez de las especies nativas que empezaban su recuperación de la depredación caprina.
En realidad, GECI dañó en Guadalupe más de lo que dice haber restaurado. El incremento en la superficie de ciprés endémico es 10 por ciento de la superficie afectada por el incendio. Han surgido naturalmente más retoños que los producidos en el vivero. Pero eso no equivale a un bosque nuevo, pues apenas uno de cada mil madurará.
Las islas de Arrecife Alacranes, en Yucatán, estuvieron invadidas por ratas y ratones. Durante el proyecto de erradicación a cargo de GECI, por descuido dañó el arrecife. El crecimiento del coral es un proceso que toma muchos años. Las sanciones de la Profepa a cruceros que han dañado el arrecife han sido millonarias. GECI salió impune.
La influencia negativa de GECI trasciende el trabajo en las islas. La Estrategia Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano, elaborada por el entonces Instituto Nacional de Ecología, aparentemente fue hecha por muchos especialistas e instituciones. Sin embargo, el único grupo mencionado reiterativamente es el GECI. Dicha estrategia le da un trato preferencial, pese a los daños que ocasionó en isla Guadalupe y Arrecife Alacranes. Además, no incorpora en su comité coordinador
a las instituciones que generan el conocimiento de la biodiversidad insular, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o los centros de investigación del Consejo nacional de Ciencia y Tecnología.
Reconocidos especialistas en el cuidado de las islas mexicanas consideran que debe corregirse la estrategia oficial para la conservación y el desarrollo sostenible de ellas. Y que para lograrlo, urge la participación activa y coordinada de muchos actores. Destacadamente, de las instituciones y los especialistas que trabajan en ellas y poseen el conocimiento requerido para lograr la conservación y sustentabilidad tantas veces prometida por los funcionarios.
