an transcurrido 12 larguísimos años desde la explosión del 19 de febrero de 2006, y el empresario responsable del homicidio industrial (el tóxico Germán Larrea, junto con su Grupo México) se mantiene impune e incrementando su de por sí enorme fortuna, mientras 63 cuerpos de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, permanecen bajo toneladas de rocas y tierra, y los deudos sin respuesta alguna.

El primer reporte del accidente en aquella mina coahuilense (que a todas luces se pudo evitar si las constantes denuncias de los trabajadores hubieran sido atendidas) señalaba que la acumulación de gas metano (muy por encima de los estándares legales para poder trabajar) provocó la explosión y derrumbe de Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas. El accidente ocurrió a 150 metros bajo tierra en la madrugada del domingo 19 de febrero. Trece trabajadores fueron rescatados y hospitalizados con golpes y quemaduras. El equipo de auxilio señaló que las labores de búsqueda se realizan con lentitud debido a las condiciones en que quedó el sitio. Los familiares se mantienen en zozobra. Y éstas así se han quedado, en espera del rescate de sus seres queridos”.

En su informe 2006 Grupo México dijo que ocurrió un trágico accidente en la unidad de carbón Pasta de Conchos y la empresa dio respuesta inmediata y decisiva a este grave accidente en los trabajos de rescate y luego de búsqueda de nuestros mineros, así como el apoyo humanitario a sus familias de índole económico, educativo, de salud y social, sin precedente en México para las familias de nuestros mineros. Sin embargo, en los hechos, esa respuesta inmediata y decisiva nunca trascendió el discurso y, con la anuencia del gobierno foxista, apenas cinco días después de la explosión se suspendió la búsqueda de los mineros. Y nunca se hizo el menor esfuerzo para rescatar los cuerpos.

Pero a los barones de la minería les fue de maravilla. El 12 de marzo de 2006 en este espacio se comentó que no se sabe cuándo rescatarán a los mineros muertos en Pasta de Conchos, pero en medio de la tragedia los legisladores trabajaron como nunca, con asombrosa cuan sospechosa velocidad, para garantizarles un filón adicional a los empresarios de la minería. El Legislativo aprobó reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera con el propósito de entregar al sector privado la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón, mejor conocido como gas grisú, con lo cual los empresarios de la minería obtendrán al menos 550 millones de dólares anuales adicionales que les permitirán elevar sus ganancias, en especial a Grupo México (Larrea), Peñoles (Bailleres), Autlán (Rivera Larrea) y Grupo Acerero del Norte (Ancira), por medio de sus subsidiarias Minera Carbonífera Río Escondido, Minerales de Monclova y algunas trasnacionales con las que estos corporativos mexicanos se han asociado.

Desde entonces, tres han sido los inquilinos de Los Pinos (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) y la única ruta por la que esa tercia transitó fue la de garantizar impunidad a Larrea (como a otros barones), otorgarle más y más concesiones mineras, ofrecerle “nuevas oportunidades de negocios (como el petrolero) y protegerlo de cualquier responsabilidad por todo tipo de accidentes tóxicos, como la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi, en agosto de 2014 (léase el derrame de cuando menos 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, antes Minera Cananea, propiedad del tóxico empresario; el gobierno peñanietista los calificó como el peor desastre ecológico minero en la historia de nuestro país, pero no le canceló la concesión ni hizo mayor cosa para no ofender al magnate).

Así, a lo largo de ese periodo la fortuna de Germán Larrea se multiplicó por 14 (de mil a 14 mil millones de dólares), siempre a costillas de los bienes de la nación, al tiempo que este personaje y sus cancerberos afirman que Grupo México no tiene dinero para rescatar los cuerpos de los mineros sepultados en Pasta de Conchos. Sin embargo, la mayor parte del complejo de carbón y coque de Nueva Rosita, Coahuila, (propiedad de Larrea) sigue en operación. De hecho, en su más reciente informe financiero, Grupo México detalla que en esa zona opera una mina a tajo abierto con una capacidad de producción de 350 mil toneladas de carbón al año y que al 31 de diciembre de 2016 las reservas de carbón para la planta de Nueva Rosita eran de 95.1 millones de toneladas. Pero no hay dinero para el rescate.

Entonces, en los 12 años transcurridos se han sucedido tres inquilinos de Los Pinos (Fox –quien al igual de Germán Larrea, nunca se apersonó en la zona de desastre ni dio la cara a los familiares de los mineros fallecidos–, Calderón y Peña Nieto); cinco secretarios del Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz –sucesor de monseñor Carlos Abascal–, Javier Lozano Alarcón –ahora senador y vocero priísta–, Rosalinda Vélez, Alfonso Navarrete Prida, ahora secretario de Gobernación, y Roberto Campa, recién estrenado en el cargo); siete procuradores generales de la República y un encargado de la tienda (Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora –actual embajador ministro de la Suprema Corte–, Arturo Chávez, Marisela Morales Ibáñez –cómodamente instalada en el consulado de México en Milán, Italia–, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez (ahora secretaria de la Función Pública), Raúl Cervantes Andrade (el fracasado fiscal carnal) y Alberto Elías Beltrán.

Además, ocho secretarios de Gobernación (Carlos Abascal, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont –abogado corporativo del propio Grupo México–, Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré, Miguel Ángel Osorio Chong y Alfonso Navarrete Prida); cinco titulares de Economía (dependencia encargada de las concesiones mineras: Sergio García de Alba, Eduardo Sojo, Gerardo Ruiz Ma-teos, Bruno Ferrari e Ildefonso Guajardo), y tres gobernadores de Coahuila (Humberto Moreira, su hermano Rubén y Miguel Riquelme).

Y todos ellos sólo hicieron dos cosas: mantener impune a Germán Larrea y su Grupo México.

Las rebanadas del pastel

Las autoridades prometieron investigar a fondo, castigar a los responsables, no cerrar la mina, no solapar a nadie, por más importante que sea, nuevos peritajes e investigaciones, reiniciar el rescate de los cuerpos… En los hechos, 12 larguísimos años y la impunidad goza de cabal salud.

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