Miedo. Esa es la sensación con la que en los últimos meses trabajan algunos de los titulares de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH) del país.

La crisis de inseguridad y violencia que se vive en México ha alcanzado a los ombudsman y a su personal: varios han sido agredidos, secuestrados e incluso amenazados de muerte; han atacado sus oficinas o vehículos oficiales.

Los titulares y trabajadores de las comisiones de Baja California, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Zacatecas han sido víctimas de diversas agresiones. En el caso de los cinco primeros los riesgos contra su vida son inminentes: han recibido amenazas.

El propio titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ha alzado la voz para denunciar la indiferencia de los tres órdenes de gobierno para atender las agresiones y crímenes contra defensores de las garantías fundamentales, de organismos públicos y civiles.

Esto lo hizo contundente tras el asesinato del presidente de la CEDH de Baja California Sur, Silvestre de la Toba, el 20 de noviembre, el cual sigue impune.

El miedo no ha impedido que Arturo Peimbert Calvo, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y su equipo continúen con su labor en una de las entidades más pobres del país.

Hace unos meses, detalla en entrevista con La Jornada, desconocidos lo encañonaron. Él y tres colaboradores viajaban en un vehículo de la institución. Una camioneta y un auto les dieron alcance, los obligaron a detenerse y descender.

Lo arrodillaron y con un arma frente su rostro le advirtieron que no indagara más en el caso Nochixtlán. Responsabilizó al presidente municipal que no ha sabido resolver la crisis y en lugar de ello viola derechos humanos. También es el Estado en su conjunto. (De la amenaza) tiene conocimiento la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado. Siento miedo, como muchos de mis compañeros, pero esto no nos paraliza, seguiremos trabajando.

No es el único. El presidente de la CEDH de Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, es otro de los amenazados. Prefiere no profundizar, sólo aclara que desde el asesinato de su colega de Baja California Sur, el gobernador Héctor Astudillo le ofreció apoyo y ahora tiene medidas de seguridad.

Nos dio condiciones de trabajo para mantener un estándar elevado de seguridad en lo personal y en lo institucional. Siempre hay riesgo, Guerrero es un estado difícil, pero (la inseguridad) se da en casi todo el país. El trabajo que desempeña la CEDH no siempre es valorado por algunas personas. Seguiremos trabajando conscientes de los riesgos, señala a este diario.

El crimen de De la Toba prendió focos rojos. De inmediato se convocó a una reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos –que agrupa a los presidentes de las comisiones de las 32 entidades del país y el de la nacional– calificaron de alto riesgo su actividad y exigieron a las autoridades intensificar las indagatorias por las agresiones en su contra y brindarles garantías para desempeñar su labor.

El ex titular de la CEDH de Sonora, Raúl Arturo Ramírez –quien recientemente fue relevado– planteó en varias ocasiones que desde varios años los trabajadores de su institución no han dejado de sentir miedo. Han enfrentado campañas de desprestigio, amenazas de muerte y, en su caso, recibió un par de coronas fúnebres; además, allanaron las oficinas de la comisión.

Las presidentas de las CEDH de Veracruz y Baja California, Namiko Matsumoto Benítez y Melba Adriana Olvera, respectivamente, y el comisionado de Tamaulipas, José Martín García, también han sido amenazados.