Cuernavaca, Mor.

El juzgado federal del primer distrito ordenó suspender la construcción y funcionamiento del segundo tramo de un gasoducto con el cual la compañía Autoabastecedora de Gas Natural de Morelos SA de CV pretende proveer combustible a empresas ubicadas en los parques industriales de Cuautla y Cuernavaca, como parte del Proyecto Integral Morelos (PIM), informó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Fpdta).

Teresa Castellanos Ruiz, activista del Fpdta, dijo que habitantes del poblado indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla, promovieron el amparo 1798/2017 y el juzgado primero de distrito observó que la construcción y funcionamiento del gasoducto industrial puede afectar los derechos de la comunidad.

En rueda de prensa, integrantes del Fpdta denunciaron que después de 10 días (de emitida la suspensión), la obra continúa su avance ilegalmente, por lo que el lunes vecinos de Huexca informaron al abogado de la empresa sobre la suspensión emitida por el juez. Los trabajadores, según Juan Carlos Flores Solís, respondieron que no habían sido notificados formalmente.

Agregaron que se trata de un segundo tramo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ordenó instalar desde Huexca, municipio de Yecapixtla, hacia el parque industrial de Cuautla y luego al de Cuernavaca, pese a que ni siquiera ha terminado la primera etapa, que viene de Tlaxcala, pasa por Puebla y llegará a Huexca.

Con esta obra se planea suministrar gas natural a unas 13 empresas, entre ellas Nissan, Saint Gobain, Continental, Unilever y Bridgestone, dijeron los activistas.

Jaime Domínguez Pérez, integrante del Fpdta, previó que en una tercera etapa el gasoducto llegará a la Ciudad de México y quizás a Querétaro, según se anunció cuando comenzó el PIM, a principios de 2012.

Además del gasoducto, el PIM incluye dos termoeléctricas en Huexca y un acueducto que usará las aguas del río Cuautla para enfriarlas.

Los pueblos del oriente de Morelos han rechazado las obras desde hace seis años, cuando las inició el entonces gobernador Marco Antonio Adame Castillo y las continuó –incluso con uso de la fuerza pública– el perredista Graco Ramírez. Los opositores sostienen que el proyecto pone en riesgo sus vidas porque pasa por las inmediaciones del volcán Popocatépetl.

Domínguez Pérez destacó: Cada vez más juzgados federales reconocen que se están violentando los derechos de las comunidades afectadas por el PIM. Primero fue la suspensión del acueducto, promovida por los ejidos de Ayala; después, el otorgamiento del amparo en demanda de que se consulte a las comunidades indígenas de Atlixco, Puebla, y ahora la suspensión del segundo tramo del gasoducto, negocio y compromiso del gobernador Graco Ramírez con las empresas, dijo Jaime Domínguez Pérez.

Los activistas aseguraron que por los amparos interpuestos, ni las termoeléctricas, ni el acueducto ni el primer tramo del gasoducto funcionan.