Tijuana, BC.

El Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), que costará mil 240 millones de pesos –recursos púbicos de los cuales se han invertido más de la mitad–, ha sido blanco de sabotajes con bombas molotov. Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó al municipio abrir una investigación porque detectó un daño patrimonial de 29 millones 500 mil pesos durante el ejercicio 2016, cuando se hizo la primera parte de la obra, que incluye un carril confinado, algunas estaciones, una terminal y puentes peatonales.

El SITT, similar al Metrobús de la Ciudad de México, empezó a construirse en la administración anterior, encabezada por el priísta Jorge Astiazarán, quien en diciembre de 2016 puso en circulación cinco camiones sin que estuvieran listos las estaciones, los torniquetes, el sistema de cobro con tarjetas, las estaciones troncales y otras obras, ante la posibilidad de que su sucesor, el panista Juan Manuel Gastélum, detuviera el proyecto.

Para entonces, Banobras ya le había dado 505 millones 661 mil pesos cuyo uso revisó la ASF y ordenó al ayuntamiento sancionar a los responsables de no asegurarse de que el concreto usado para el carril confinado tuviera el espesor acordado, que las losas de las estaciones tuvieran la calidad requerida –muchas se quebraron– y de que se hicieran pagos indebidos y por adelantado, entre otras anomalías.

Con frecuencia, las estaciones son vandalizadas. La semana pasada cuatro sujetos lanzaron bombas molotov a la estación principal y dañaron el equipo de cobro. Se estima que los estragos ascienden a 6.3 millones de pesos.

Alguien intenta detener la operación del SITT, dijo Arturo Aguirre, cabeza de la llamada empresa de empresas (SITT de Tijuana SA de CV), que aglutina a los choferes que recibieron la concesión de transporte, pues cubrían la ruta uno, que recorre el nuevo sistema.

El anuncio de que este año el ayuntamiento pondrá en funcionamiento la ruta 2 (Santa Fe-Otay) puso nerviosos a quienes consideran lesionados sus intereses; esa pudiera ser la causa de los daños, afirmó el secretario de gobierno municipal, Leopoldo Guerrero Díaz.

Las acusaciones vagas entre las partes involucradas dejan entrever una pugna entre el gobierno municipal, SITT de Tijuana y Soproes Baja SA de CV –concesionaria del sistema de recaudo–, aseguró un ex funcionario del sistema de transporte.