Brasilia.

Sin los votos necesarios para aprobarla y con una intervención federal en Río de Janeiro, el gobierno del presidente brasileño Michel Temer abandonó la reforma al sistema de pensiones y se libró así de una carga impopular que desgastaba aún más su imagen en los últimos meses de mandato.

Los brasileños terminaban de recuperarse después de las fiestas de Carnaval, cuando Temer anunció que la prioridad de su gobierno pasaría a ser la seguridad pública, comenzando por una intervención comandada por un general del ejército para luchar contra el crimen organizado en Río de Janeiro.

La intervención, de la que aún se conocen pocos detalles, ya tuvo su primer efecto colateral: el sacrificio de la reforma de las jubilaciones, que se había convertido en la obsesión de la administración de Temer para completar su programa de reformas promercado.

El problema de la seguridad asumió un carácter tan explosivo que hizo necesaria la toma de medidas excepcionales. Un efecto colateral de eso, en este momento, es la suspensión de la tramitación de la reforma de las jubilaciones, afirmó el ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun al anunciar esta semana que la reforma sería puesta en el congelador hasta que hubiera condiciones políticas para aprobarla.

Por tratarse de una medida excepcional, mientras esté en marcha la intervención de Río, el Congreso no puede tramitar normas que modifiquen la Constitución, como es el caso de la reforma de las jubilaciones.

Pero independientemente de esta intervención, la reforma no cosechó el apoyo necesario para prosperar en el tiempo y la forma que el gobierno precisaba.

En los meses recientes, Temer, con una popularidad de 5 por ciento, mantuvo reuniones con legisladores y dio entrevistas a medios locales defendiendo la importancia de la reforma a largo plazo, en un país aquejado por un fuerte déficit fiscal, donde es usual retirarse con derechos parciales poco después de los 50 años.

La propuesta que endurece las condiciones de retiro fue ampliamente rechazada por la población y por los propios legisladores, quienes, a menos de ocho meses de los comicios en los que podrían ser relectos o perder su cargo, no quieren respaldar medidas impopulares.

La reforma, tal como está planteada, precisa de un doble voto por 308 de los 513 diputados y de una mayoría equivalente en el Senado.