Funcionarios de Estados Unidos rechazaron la petición de México de colaborar en la investigación sobre el presunto uso de un software para espiar a críticos del gobierno de Enrique Peña Nieto por temor a que su participación fuera usada para legitimar unas pesquisas poco creíbles, según informó ayer el diario The New York Times (NYT).

El diario estadunidense es el que en su día desveló el caso en el que presuntamente fueron espiados periodistas, activistas y políticos de la oposición con el programa Pegasus, con el que el gobierno mexicano contaba oficialmente para vigilar a criminales.

Tras las revelaciones, que causaron escándalo en México, Peña Nieto ordenó una investigación hace más de medio año y aseguró que su administración nada había tenido que ver con el espionaje a sus críticos. También anunció que pediría apoyo a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de organizaciones internacionales para esas pesquisas.

Según The New York Times, que cita a funcionarios estadunidenses de alto rango sin identificar, éstos decidieron no involucrarse por dudar de que el gobierno mexicano realmente quiera resolver el caso, ya que podría implicar a algunas de sus figuras más importantes.

En concreto, les preocupa que México intentara usar la implicación estadunidense para dar apariencia de credibilidad a lo que consideran una fachada, señaló el rotativo.

Pegasus convierte los teléfonos celulares en instrumentos de espionaje. Al dar clic a un enlace falso que llega por medio de un mensaje de texto, el programa pasa a controlar las llamadas, los correos electrónicos y calendarios. Además, puede activar el micrófono y la cámara, convirtiéndose en una especie de micrófono oculto.

Pegasus es fabricado por la empresa israelí NSO Group, que sólo lo vende a autoridades para combatir el terrorismo y la delincuencia, según asegura.

Es claro que el gobierno mexicano no quiere esclarecer los hechos ni informar sobre los funcionarios responsables de este espionaje ilegal, lo cual hace preguntarse a quiénes se está protegiendo y por qué, señaló al respecto Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de Wola, organización de defensa de las garantías fundamentales en América Latina, con sede en Washington.