El juzgado decimosegundo de distrito de amparo en materia penal, con sede en Ciudad de México, negó la suspensión de restricción de visitas y comunicación a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, como parte de su prisión domiciliaria, que le impuso el juez sexto de distrito en procesos penales federales la semana pasada, al considerar que el acto reclamado ya estaba consumado.

La defensa legal de la maestra promovió un juicio de amparo –que admitió el juez federal– para evitar entregar un listado con los nombres de quienes podrán visitar a su defendida. El registro debía someterse a la aprobación del Ministerio Público Federal y, en caso contrario, se suspenderían temporalmente las visitas, de acuerdo con las vigentes condiciones de reclusión de Gordillo.

Interpone recurso de queja

El abogado Marco Antonio del Toro visitó este martes a la maestra en su departamento que se localiza en la calle Galileo número 7, en un conjunto inmobiliario de la colonia Polanco. El defensor legal ingresó antes de las una de la tarde y permaneció ahí alrededor de 30 minutos.

Al salir, señaló que el juzgado decimosegundo se pronunció sobre la suspensión provisional y admitió la demanda de amparo que promovió.

Respecto de ese auto, tratándose de suspensión provisional cabe el recurso de queja de 24 horas que fue interpuesto hoy a las 9 de la mañana. Deberá estarse resolviéndose durante las 48 horas siguientes, según marca la ley de amparo. Al margen de ello, se están dando una serie de acciones que ya les daremos a conocer. Agregó que la ex líder del SNTE se encuentra bien de salud y que su asistencia fue para hablar sobre algunos temas del proceso. Hasta el momento, la vigilancia a la prisión domiciliaria aún no se intensifica, sólo hay personal adscrito a la Agencia de Investigación Criminal desplegado que resguarda la entrada.

La semana pasada, la PGR solicitó y logró que el juzgado sexto de distrito modificara las medidas cautelares concedidas como parte de la prisión domiciliaria a la maestra, con el argumento de que podría desestabilizar la paz y la seguridad del Estado mexicano.

A partir de entonces, con la autorización judicial, le restringieron llamadas telefónicas, visitas, acceso a Internet y a otros medios de comunicación.