Partidos de oposición en los congresos de Zacatecas y Morelos, así como aspirantes y abogados, denunciaron la imposición de fiscales a modo que no cumplen con el criterio de independencia, con lo cual, advirtieron, se pretende garantizar protección a los actuales mandatarios cuando dejen el cargo.

En el primer caso, el Congreso aprobó la tarde de ayer la designación de Francisco Murillo Ruiseco, actual procurador de Justicia, como primer titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), a pesar de las denuncias sobre conflicto de intereses y falta de autonomía respecto del gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Varios aspirantes a encabezar la FGE y la Federación de Abogados de Zacatecas (FAZ) consideraron indebido que el actual procurador participara en el proceso a pesar de que forma parte del gabinete estatal desde hace 18 meses, cuando se inició el actual gobierno.

Es una farsa, un simple cambio de fachada para que la procuraduría se convierta en la nueva fiscalía, y la legislatura confirmó que sigue siendo sólo una oficialía de partes del Ejecutivo, lamentó Pablo Mercado, presidente de la FAZ, quien no descartó impugnar al nuevo fiscal e ir más a fondo: impugnar la propia Ley de la Fiscalía estatal.

El 15 de febrero la comisión de justicia del Congreso estatal –que encabeza la panista Lorena Oropeza– dio a conocer la lista de cinco candidatos que reunieron los requisitos de elegibilidad e idoneidad para desempeñar el cargo, seleccionados de entre 11 aspirantes que atendieron la convocatoria.

Luego se envió la lista de los cinco finalistas al gobernador, quien de inmediato elaboró y envió al Poder Legislativo la terna para elegir al fiscal, aun cuando disponía de 10 días para evaluarlos. El priísta seleccionó a Murillo Ruiseco, su subalterno; a Homero Osvaldo Ramírez Ortiz y a Héctor Manuel Márquez Sandoval.

Lo eximen de 3 de 3 y examen de confianza

En la convocatoria para elegir fiscal la legislatura no incluyó el requisito de presentar declaración patrimonial, fiscal y de intereses (conocida como 3 de 3) ni de aprobar los exámenes de control de confianza que se aplican a todos los integrantes de las corporaciones de seguridad pública, locales y federales.

Horas antes de la sesión en la cual las bancadas de todos los partidos designaron al nuevo fiscal, Iván Arturo Casas Figueroa, uno de los cinco finalistas, lamentó el procedimiento: “Si hay conflicto de intereses, dependería del propio procurador (Murillo Ruiseco) excluirse automáticamente. Pero si él considera que no hay tal conflicto y que será un fiscal general para todos los colores y para todos los municipios, independientemente del partido al que pertenecen…”

Agregó que la obligación del nuevo fiscal es redefinir la institución, pues de nada sirve que se le cambie el nombre a la procuraduría, si se va a seguir haciendo lo mismo.

Héctor Manuel Márquez Sandoval, quien también llegó a la terna, señaló: Soy respetuoso de la decisión que tomen los poderes Legislativo y Ejecutivo. Nada más pongo como referencia que la Constitución de Zacatecas señala que la fiscalía debe ser autónoma e independiente.

El abogado Faustino Gutiérrez Díaz aseveró que con Murillo Ruiseco no hay autonomía y no se cumplen los requisitos que estipuló la propia convocatoria. Claramente se decía que no debían existir tintes políticos.

En tanto, dirigentes de los partidos Encuentro Social (PES), Morena y del Trabajo (PT) en Morelos denunciaron que la designación del notario público número 6, Uriel Carmona Gándara, como nuevo titular de la FGE fue ilegal. Señalaron que tanto los diputados locales como el gobernador Graco Ramírez violaron todos los procedimientos para imponerlo en el cargo por nueve años en sustitución de Javier Pérez Durón, sobrino político del mandatario perredista.

Los partidos que integran la alianza Juntos Haremos Historia y postularán a la gubernatura al alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, aseguraron que Graco Ramírez “puso un fiscal carnal” para que le cubra las espaldas ante las acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El dirigente nacional del PES, Hugo Éric Flores Cervantes, dijo que el gobernador busca impunidad porque su hijastro, Rodrigo Gayosso Cepeda, virtual candidato de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD, de registro local), perderá las elecciones.

Señaló que Uriel Carmona colaboró en la solicitud para iniciar juicio político a Blanco Bravo con el argumento de que no cumplía los requisitos de residencia para gobernar la capital del estado. Asimismo, anunció que los partidos de la alianza Juntos Haremos Historia promoverán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la designación del fiscal.

Prevé persecución política

Flores Cervantes explicó que los diputados locales aprobaron la designación de Carmona Gándara sin discusión, pues el gobernador no emitió convocatoria ni recibió la currícula de los aspirtantes para analizar perfiles a fin de integrar una terna, de acuerdo con la ley.

¿Tiene acreditados los exámenes de control de confianza como agente del Ministerio Público? ¿Cómo un notario público se hará cargo de la procuración de justicia si no cuenta con la experiencia ni el conocimiento necesarios? ¿Cómo entregarle tan alta responsabilidad si no es por los favores hechos a este gobierno desde su ejercicio notarial para intentar perjudicar a Blanco Bravo?, cuestionó.

Calificó de inadmisible que el gobernador maneje a su antojo los poderes Judicial y Legislativo del estado, y que éstos se presten a tan absurdas y burdas propuestas. Finalmente, pidió a los morelenses a que saquen del gobierno a Graco Ramírez y a su familia, porque en la FGE todavía hay seis denuncias administrativas contra Blanco Bravo, con las cuales pueden fabricarle otros delitos.