La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el caso del adolescente Marco Antonio Sánchez Flores será el primero en ser investigado con base en la recién creada Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Con ello, afirmó la Red por los Derechos de la Infancia, se ampliarán las pesquisas a la policía y autoridades del estado de México, pues a un mes de la detención y desaparición del alumno de la Preparatoria 8, sus derechos humanos continúan siendo violentados y se dificulta el acceso a la justicia.

La exigencia de una investigación independiente a la realizada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, la cual está llena de inconsistencias, es prioritaria y debe ser con la supervisión de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Asimismo, deben participar su familia y el equipo de defensa, pues a tres días de que venció el plazo fijado para que la CIDH contara, por parte del Estado mexicano, con los informes del caso y de su estado de salud –20 de febrero–, éstos no le fueron entregados y en breve anunciará las medidas para protegerlo, adelantó.

Mientras, se continúan enfrentando obstáculos para acceder al expediente médico, por lo que Redim, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el Instituto de Justicia Procesal Penal, con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, formaron un equipo de diagnóstico interdisciplinario.

Se trata, explicó, de ofrecer a la familia una opinión médica independiente, alternativas y recomendaciones para un tratamiento que le reduzca posibles daños, pues tras 25 días de hospitalización en los institutos nacionales de Pediatría y de Neurología, se le ha mantenido en sujeción a su cama revictimizándolo e ignorando la experiencia que vivió.

Con un mandato federal, por medio del juicio de amparo, se obligó a la autoridad médica a tener un trato respetuoso de sus derechos humanos, pero la familia continúa teniendo serias restricciones para acompañarlo.

Las autoridades capitalinas continúan negándose a investigar el caso como desaparición forzada y lo reducen a un error de protocolo y abuso de autoridad, y siguen filtrando información para criminalizarlo e intimidarlo, al igual que a su familia.

La seguridad de ambos está ahora en manos de la Policía Federal, pues la PGJ no ha podido explicar qué le hicieron en los cinco días que desapareció para presentar un severo cuadro de daño sicológico y posiblemente neurológico, indicó.

Por ello, expresó, es gratificante el anuncio de la PGR, porque los derechos humanos de Marco continúan siendo violentados, se sigue dificultando el acceso a la justicia y la investigación sigue enfocada en defender a los policías agresores y criminalizar al adolescente.