El presidente de la Cámara de Diputados, Édgar Romo García (PRI), sostuvo que será la contraloría interna la que finque responsabilidades en caso de que se ratifique la falta de justificación por la transferencia de mil 616 millones en subvenciones a los grupos parlamentarios.

No sé qué dice el informe. No lo he recibido, argumentó cuando se le insistió sobre la falta de claridad en el gasto de San Lázaro, documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el análisis de la Cuenta Pública 2016.

Según las conclusiones del ente revisor, las irregularidades determinadas en el rubro Subvenciones y otros conceptos, del que no se encontró la información que permitiera evaluar la racionalidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron en los trabajos legislativos.

Ayer, en conferencia de prensa, Romo García pidió que se revisen las observaciones de la Auditoría, se les dé respuesta, especialmente en el caso de las subvenciones. Y una vez que se compruebe el ejercicio del gasto público, si se llega a tener alguna responsabilidad, que hubo algún ilícito, se actúe en consecuencia.

Destacó que la Cámara de Diputados debe demostrar ante la ASF que el ejercicio de su presupuesto se realizó de manera transparente a partir de los mecanismos con que cuenta para aplicar su presupuesto, que en 2016 ascendió a 7 mil 554 millones de pesos.

Asimismo, consideró que el proceso de fiscalización no conduce a determinar culpables con la presentación inicial de las observaciones de la ASF, porque los entes revisados cuentan con 30 días, posteriores a la entrega del documento, para hacer las declaraciones correspondientes. Hoy no podemos determinar que existen desvíos, indicó.