De las más de 200 mil personas privadas de la libertad en México, 38.1 por ciento estaban en prisión preventiva. De acuerdo con la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), la medida cautelar es aplicada de manera excesiva en el país, ya que indica que aunque el porcentaje es relativamente alto, no refleja la gravedad del abuso de esta disposición en estados como Durango, donde el porcentaje asciende a 70 por ciento.

En Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, más de 50 por ciento de la población detenida se encuentra en prisión preventiva. La organización asegura que el abuso de la medida es más evidente en sectores vulnerables, entre ellos indígenas y mujeres, en los cuales la previsión se aplica de manera indiscriminada, ignorando totalmente los principios de legalidad y presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad instaurados en los Principios y Buenas Prácticas para las Personas Privadas de Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Explica que en el caso de los indígenas encarcelados, en Oaxaca existe un gravísimo 97.44 por ciento de este sector de la población en prisión preventiva y en Chiapas el dato no es alentador: 52.8 por ciento se encuentra bajo esta medida cautelar.

Se violan acuerdos internacionales

Esto muestra, sostiene, que las autoridades encargadas de impartir justicia no atienden las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la normatividad nacional, la cual mandata que en el caso de personas indígenas deberá privilegiarse la aplicación de medidas distintas a la prisión preventiva con el objetivo de evitar las consecuencias negativas como, por ejemplo, el alto nivel de abandono al que se ven sometidas.

En cuanto a la diferenciación por género, constata que a escala nacional 37.6 por ciento de hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva mientras en el caso de las mujeres el porcentaje asciende a 47.

Asimismo, Durango cuenta con 80.6 por ciento de mujeres en prisión preventiva; Oaxaca con 71.4; en Chiapas, Jalisco y Quintana Roo, 65.2 de las detenidas está bajo esta medida y Tabasco con 64.2 por ciento. Es evidentemente alarmante, pero agrega que en Baja California Sur, Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, más de 50 por ciento de están en la misma condición.

Cuando las mujeres se encuentran en prisión preventiva junto a sus hijos, los efectos son muy adversos debido a que en muchos casos son el principal y, en ocasiones, único soporte económico y emocional de sus familias. Es importante mencionar que debido a la criminalización que hay hacia las mujeres privadas de libertad, por no cumplir con el estereotipo de género tradicional, muchas cuentan con pocas redes de apoyo y, al igual que las indígenas, se enfrentan a una situación de abandono.