ese a todas las reformas constitucionales y regulatorias puestas en marcha por el actual gobierno, la economía no sólo no crece al ritmo que sería necesario para subsanar los graves rezagos, sino que de acuerdo con cifras oficiales se encuentra en plena desaceleración. Según confirmó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el retroceso en el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) fue de casi un punto porcentual, con el preocupante añadido de que el último trimestre se saldó con un crecimiento de la mitad del alcanzado en el mismo perio-do de 2016.
Aunque ciertamente una parte de esta reducción en el ritmo del crecimiento puede explicarse a partir de factores exógenos tales como la incertidumbre producida por la renegociación forzada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el alza de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos o el masivo recorte fiscal impulsado por el presidente Donald Trump, queda claro que no poco del descalabro es imputable a lo que actores internos relevantes han hecho o dejado de hacer. Por ejemplo, merece al menos una aclaración el hecho de que durante los pasados dos años se haya registrado una acelerada caída de la producción petrolera –y de los ingresos asociados a ella– cuando la reforma en la materia se encuentra en una fase plenamente operativa.
Un dato que abona a la comprensión del pobre rendimiento de la economía es el dado a conocer ayer acerca de los nive-les de evasión fiscal y violaciones a los derechos laborales por parte de las empresas de subcontratación ( outsourcing) que operan en nuestro país. Según señaló un directivo de ManPowerGroup, importante empresa de capital humano, 96 por cien-to de las 900 compañías dedicadas al manejo de los recursos humanos para terceros no paga impuestos ni cumple con sus obligaciones laborales, tales como el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Lo anterior viene a cuento porque el contexto referido de empleos precarios, despojados de prestaciones y de cualquier certidumbre contractual que permita a los trabajadores adquirir un patrimonio para su futuro y el de sus familias, a todas luces resulta un lastre a los esfuerzos por imprimir dinamismo a la economía. Además de los efectos perniciosos de la citada subcontratación para el crecimiento económico a largo plazo, debe remarcarse que tal como se lleva a cabo constituye una infracción a las leyes.
Sin duda, la precarización laboral que viene de la mano de la práctica del outsourcing dista de ser el único factor que obstaculiza el desarrollo económico nacional, pero poner coto a este extendido mecanismo de evasión impositiva y elusión de responsabilidades patronales resulta urgente para encauzar las fuentes de empleo existentes hacia un esquema productivo para to-dos los actores, así como para asegurar que los creados en el futuro satisfagan estándares mínimos de calidad. En este mismo tenor, se hace evidente la necesidad de revisar a fondo la pertinencia del modelo económico vigente para el logro de cualquier nivel aceptable de crecimiento y distribución del producto nacional.
