esde hace una semana se levanta en avenida Reforma, en Ciudad de México, exactamente frente a la Bolsa Mexicana de Valores, un antimonumento en homenaje a los 65 mineros que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, de los cuáles sólo fueron rescatados dos cuerpos, quedando 63 en el socavón a pesar de las innumerables peticiones de las familias para que fueran recuperados. La sociedad civil, las organizaciones y activistas acompañaron a los familiares y a los mineros a instalar un enorme número 65 enmarcado con una cruz con los nombres de cada una de las víctimas de un sistema que permitió su muerte.

No tener el cuerpo del ser querido es similar a lo que ocurre con los desaparecidos en México, con la diferencia profunda de que los familiares de los mineros saben que quedaron sepultados ahí y que empresa y gobierno se negaron a rescatarlos. Los desaparecidos, en cambio, son reclamados con vida, porque vivos se los llevaron. Como los 43 que, por cierto, también cuentan con un antimonumento, al igual que los 49 niños de la guardería ABC, de Sonora, que murieron en un incendio que pudo haberse evitado y cuyos culpables continúan sin castigo.

A partir del 18 de febrero pasado, los señores de traje y corbata que representan los intereses de Germán Larrea, del Grupo México, saldrán todos los días de su enorme bola de cristal y se toparán de frente con el enorme 65 pintado de rojo frente a los números bursátiles. Y que no esquiven la mirada, como dicen las familias que, 12 años después, continúan exigiendo ¡Rescate Ya!.

Las irregularidades estaban documentadas. La mina Pasta de Conchos no podía estar operando, pero la irresponsabilidad, la corrupción, la negligencia y la inacción de las autoridades llevaron a la tragedia, afirman los familiares y acompañantes en un comunicado. Gente como Napoleón Gómez Urrutia, del sindicato minero y hoy aspirante a un escaño plurinominal por Morena, operaron en detrimento de los derechos laborales que terminaron por sepultar a los trabajadores. Que no se olvide.

La colocación de un tercer antimonumento en la avenida en la que se mueven los dineros de la nación, interpela no sólo a los poderosos, sino a la sociedad entera. En un pequeño y austero campamento frente a la mina cerrada en Coahuila, los familiares siguen exigiendo el rescate de los cuerpos. No son unos necios. Piden lo mínimo.

Hoy toca ser guardianes de la memoria. El antimonumento se queda pues, como dijo un policía que reportaba desde el lugar a sus superiores: Ya se instalaron jefe, no pidieron permiso. El enorme 65 y su cruz, nos pertenecen porque la vida vale más que todas las empresas, acciones y negocios.

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