El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) debe fortalecer sus mecanismos de control y seguimiento, con el fin de garantizar que la distribución de proyectos entre prestasdores de servicios profesionales contratados para su evaluación, se realice bajo procesos equitativos y transparentes.

El informe individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de irregularidades en la entrega de prestámos a las medianas y pequeñas empresas (Mipymes), porque no se ejecutaron proyectos y se detectaron daños a la hacienda pública por mas de 65 millones de pesos.

La ASF manifiesta en el dictamen de conclusiones de la revisión al Inadem que en términos generales, el instituto cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; no obstante, subyacen irregularidades que ameritan también la aplicación de acciones sancionatorias a funcionarios de la Secretaría de Economía.

En sus pliegos de observaciones, integradas en el resultado de la auditoría a la cuenta pública 2016, se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 34 millones 700 mil pesos, debido a que las entidades federativas de Baja California Sur y Durango no acreditaron la entrega de recursos a los beneficiarios de las Mipymes siniestradas por desastres naturales, por 4 millones 700 mil pesos.

Y Tabasco, que recibió recursos por 30 millones de pesos, tampoco acreditó la entrega de recuersos a Mipymes afectadas por la situación petrolera.

El resultado de la revisión de las acciones del Inadem en 2016 también arroja –desde las conclusiones de la ASF– otro daño al erario por un monto de 18 millones 334 mil pesos, debido a que de 2 mil proyectos para beneficiar a igual número de microempresas, únicamente se había atendido a 164 microempresas durante el periodo de ejecución original de dichos proyectos, que concluía el 22 de septiembre de 2017.

A esto se suma un tercer pliego de observaciones, en torno a un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por 13 millones 521 mil pesos, debido a que no se acreditó que se entregaron las soluciones tecnológicas a los proyectos apoyados con recursos del Fondo Nacional Emprendedor, autorizados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Cuauhtémoc, a la Cámara nacional de la Industria de la Transformación en Hermosillo, Sonora, Canacintra Hermosillo y al Centro Empresarial de Chihuahua (Coparmex-Chihuahua).