Río de Janeiro.

La Procuraduría General de Brasil rescindió este martes los acuerdos de colaboración premiada con Wesley Batista y Francisco de Assis e Silva, socio propietario y ejecutivo del grupo empresarial J&F, que con su confesión sentaron las bases para acusar de corrupción al presidente Michel Temer.

La fiscalía explicó en un comunicado que rescindió los acuerdos porque ambos ejecutivos omitieron de forma intencional hechos delictivos de los que tenían conocimiento al firmar los acuerdos con el Ministerio Público Federal.

La fiscalía se refiere a la ayuda prestada por el entonces procurador de la República, Marcello Miller, quien consiguió beneficios penales extremadamente ventajosos para sus clientes, por los que recibió 216 mil dólares, cuando no podía trabajar para ellos.

El gobierno de Brasil publicó en el Diario Oficial el decreto que crea el Ministerio Extraordinario de la Seguridad Pública, conformado 10 días después de la decisión de una intervención federal en la seguridad pública en Río de Janeiro. Al frente del ministerio estará Raúl Jungmann, quien dejó la Defensa.

El nuevo ministerio deberá ejercer la política de organización y mantenimiento de la Policía Civil, de la Policía Militar y del Cuerpo de Bomberos Militar del Distrito Federal.

En otro tema, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil examinará este jueves un pedido de habeas corpus de la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su eventual detención por una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero.