La defensa realizada por funcionarios mexicanos a la Ley de Seguridad Interior (LSI) durante la pasada audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema demostró su carencia de argumentos, pero también su voluntad de imponer dicha norma pese a las evidencias del carácter nocivo de la participación de militares en labores de seguridad pública, alertaron integrantes de organizaciones civiles.

Ximena Suárez, subdirectora del programa de México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, afirmó que la participación del Ejército en tareas policiales en países europeos –utilizada por las autoridades mexicanas como ejemplo de que es una tendencia mundial– no puede compararse con lo que ha sucedido en el país, donde los soldados y marinos han cometido diversos agravios contra civiles.

La comparación es inaplicable, porque a diferencia de los ejércitos europeos, el mexicano tiene un historial terrible de violaciones a derechos humanos contra los propios ciudadanos del país, así como de impunidad para sus soldados. Sus argumentos fueron francamente tramposos, y me preocupa que insistan en defender una ley que, de fondo, está mal realizada, aseveró la especialista.

Por su parte, Víctor Gutiérrez, integrante de México Unido contra la Delincuencia, consideró preocupante que la delegación del gobierno haya desestimado las críticas a la LSI, con el argumento de que el presidente Enrique Peña Nieto no recurrirá a ella mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no determine la constitucionalidad de la ley.

¿A quién quieren engañar?

Da risa y coraje que (los funcionarios) digan que el Presidente no haría ninguna declaratoria de riesgo a la seguridad interior, cuando en el artículo 6 de la ley vienen todas las acciones que se pueden hacer sin necesidad de esa declaratoria. No sé a quién quieren engañar, porque la CIDH es un organismo serio y especializado en materia de leyes y derechos humanos, apuntó.

De su lado, Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), enfatizó que a pesar de los intentos de los funcionarios por restar importancia a las críticas contra la LSI, queda claro que la polémica norma –aprobada en diciembre de 2017– violenta diversos tratados internacionales firmados por México y es contraria a la Constitución.

Al reivindicar esta ley, consideró, el gobierno mexicano deja clara su decisión de seguir con el paradigma de la guerra, que ya nos ha llevado a una época de oscurantismo en materia de derechos humanos.