an Jarab, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, exhortó ayer al gobierno mexicano a hacer más para combatir la violencia de género, sobre todo para erradicar el feminicidio, delito que, según cifras dadas a conocer ayer mismo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se incrementó de manera grave en dos años: los homicidios dolosos contra mujeres pasaron de mil 755 casos en 2015 a 2 mil 585 en 2017; de esta última cifra, sólo 671 fueron reconocidos como feminicidios.

Belén Sanz, representante en México de ONU-Mujeres, dijo que hasta 2015 había en el país un promedio de siete mujeres asesinadas a diario, cifra que en 2016 subió a 7.5. No puede haber justificación para la violencia de género y no hay excusa para respuestas negligentes, afirmó Jarab, y llamó a las instancias gubernamentales a proveer los recursos necesarios para erradicar este prevenible y atroz fenómeno.

Postura similar adoptó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que los niveles de violencia que sufren las mujeres son intolerables y su aumento constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad, situación que se agrava si tomamos en consideración que es muy probable que continúen en la impunidad la mayoría de esos homicidios o lesiones.

En entrevista con este diario, la cuarta visitadora general de la CNDH, Eréndira Cruz Villegas, y la directora general del programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad de esa institución, Elsa Conde, señalaron que la falta de voluntad política y los reducidos presupuestos para atender la violencia hacia las mujeres son las principales razones para que los feminicidios persistan en el país. Ambas funcionarias destacaron que aunque hasta ahora se ha iniciado o adoptado la declaratoria de emergencia de género en 27 entidades, la Federación otorga fondos insuficientes para aplicar las medidas correspondientes, en tanto que los gobiernos estatales consideran ese mecanismo golpeteo político y los presidentes municipales ni siquiera realizan acciones para evitar e investigar los feminicidios.

La discriminación –institucional, económica, social y cultural– hacia las mujeres, los roles de género imbuidos desde el hogar a la mayoría de la población y el machismo imperante constituyen el caldo de cultivo que debe ser atacado para –como dijo Arie Hoekman, del Fondo de Población de la ONU– romper el círculo de violencia y formar generaciones nuevas, igualitarias, solidarias y más productivas, y poner fin a la normalización de la violencia en contra de las mujeres.

Pero antes que nada, los responsables de los tres niveles de gobierno deben decidirse a combatir la impunidad que prevalece en la mayoría de las agresiones contra las mujeres, desde los hostigamientos callejeros hasta el feminicidio, y hacerlo ya, pues cada día de indolencia institucional se traduce en siete vidas cegadas y en muchos más casos de violación, lesiones y hostigamiento. En tanto ello no ocurra, México seguirá ostentando un sitio oprobioso en las estadísticas mundiales de la violencia de género.