La Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados abrió a los representantes de los partidos en el Congreso, a administradores del servicio hidráulico y a la sociedad en general, la opción de manifestarse –vía electrónica– para aportar propuestas que serían estudiadas en ese órgano legisaltivo, y perentoriamente incluidas en un futuro proyecto de decreto de Ley de Aguas Nacionales.

El borrador del articulado para el proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas que exis-te contempla la propuesta de integrar un Fondo del Agua (similar al Fondo Petrolero) con objeto de financiar proyectos y mantener la red hidráulica, delimita las facultades de los tres órdenes de gobierno, estableciendo las responsabilidades de los estados, hasta ahora ausentes en la administración y mantenimiento de las redes hidráulicas.

Expedición de normas

En la ley vigente no recae sobre las entidades federativas responsabilidad jurídica, por lo que las propuestas –incluidas en lo que constituye la tercera etapa, de un total de cinco– ordenarían a éstas la expedición de normas, apoyo técnico a los municipios, el establecimiento de contribuciones y aprovechamientos para la explotación de las aguas de jurisdicción estatal.

En el capítulo de Concesiones y Asignaciones, el borrador del articulado reproduce el contenido de la norma vigente. Señala que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediente concesión otorgada por el Ejecutivo federal.

Las concesiones deberán negarse cuando se afecten el mantenimiento del caudal ecológico y el derecho humano al agua y al saneamiento; también se pongan en riesgo o afecten los humedales, áreas naturales protegidas, acuíferos o zonas de recarga. También cuando se violen reglamentos específicos, reservas, vedas y áreas de protección forestal. Y sobre todo cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o la seguridad de sus bienes.

Tras el dilema público que se generó por la versión de la existencia de un dictamen de Ley de Aguas Nacionales, en el borrador existente (único documento que en materia de una nueva legislación es avalado por la Comisión de Agua Potable de la Cámara de Diputados también se contempla que el trasvase de aguas nacionales de una cuenca o acuífero hacia otro requiere autorización otorgada de manera excepcional.

Llevará de por medio el análisis de alternativas estudiadas para satisfacer la demanda de agua, preferentemente para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, y las razones que motivan la decisión de optar excepcionalmente por el trasvase de aguas nacionales.