Habitantes del municipio de Oxchuc, Chiapas, denunciaron que grupos paramilitares atacaron su comunidad con armas de fuego el pasado 24 de enero, dejando un saldo de tres muertos y 20 heridos, por lo que demandaron a los gobiernos del estado y federal actuar y llevar ante la justicia a los responsables.

En conferencia, Gabriel Méndez López, representante de esa comunidad y quien fue uno de los heridos de bala en el ataque, acusó a la ex presidenta municipal María Gloria Sánchez Gómez y a otros de sus familiares de haber armado a estos grupos con recursos del municipio.

Indicó que desde hace varias semanas hicieron llamados de alerta por esta situación, a fin de solicitar medidas cautelares al gobierno de Manuel Velasco, a la Secretaría de Gobernación, a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y hasta a la relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, quien en noviembre pasado hizo una visita de trabajo al país.

Sin embargo, dijo, no ha habido respuesta favorable, y por esas omisiones se dio el ataque del 24 de enero.

Dijo que las agresiones contra su comunidad se intensificaron desde que, en octubre de 2015, empezaron una lucha social mediante las vías institucionales contra los partidos políticos, para que en el próximo proceso electoral puedan hacer valer su derecho y elegir a sus autoridades por medio de usos y costumbres, como lo señala la Constitución.

Reclamamos que se reivindiquen nuestros derechos como pueblos originarios y, lejos de eso, nos atacan. Nosotros no responderemos por la vía de las armas, sino con los marcos constitucionales, señaló el representante de Oxchuc.

En el ataque perdieron la vida Obidio López Santiz, Víctor Santiz Gómez y Francisco Méndez López. Además de la sanción a los responsables, el vocero de la comunidad exigió indemnización a las familias de las víctimas.

Confió en que estos crímenes de lesa humanidad llamen la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, a fin de que se llame al Estado mexicano a garantizar justicia.