La Cámara de Diputados dio ayer primera lectura al dictamen de reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que la sección instructora sea integrada por cin-co legisladores, con la finali-dad de evitar empate en votaciones de desafuero y juicio político.

Ese órgano legislativo se integra por cuatro diputados, e históricamente dos le corresponden al PRI, uno al PAN y uno al PRD, composición que –definió la Comisión de Transparencia– impide la pluralidad de opiniones e ideas y que se hayan desahogado temas polémicos, como las solicitudes de desafuero contra los priístas Antonio Tarek Abdalá y Alberto Silva Ramos, ex colaboradores de Javier Duarte de Ochoa.

En el dictamen, que se prevé sea discutido en la sesión del martes, explicó que los proyectos de resolución de la sección instructora y los de las comisiones que resuelven imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, sólo pasarán al pleno si son votados por la mayoría de sus integrantes.

Mayoría indispensable

Como parte de los considerandos, recordó la polémica por el hecho de que, en las solicitudes de desafuero de Abdalá y Silva Ramos, los dos integrantes del PRI, Ricardo Ramírez Nieto y Sandra Méndez, votaron en contra, y Juan Pablo Piña (PAN) y Omar Ortega (PRD), en favor.

El problema de los procedimientos de responsabilidad administrativa y política en la Cámara de Diputados dependen tanto del tamiz primario que representa la subcomisión de examen previo, como de que la sección instructora tenga una conformación que le permita alcanzar una mayoría en la toma de una decisión, expuso.

Recordó que la Comisión Jurisdiccional tiene como una de sus principales obligaciones integrar la sección instructora y también determinar, mediante la subcomisión de examen previo, la procedencia de solicitudes de juicio político, pero entre 2003 y 2017 se acumularon 356 de estas peticiones, de las cuales el año pasado desechó 109 porque habían prescrito.