egativo es para una sociedad que sus procesos democráticos se vean enturbiados por hechos antisociales, no sólo se trata de la violencia física, abundan también casos de acusaciones, amenazas, calumnias y otros mensajes que rompen las reglas de la ética social y, frecuentemente, de la normatividad aplicable. Los procesos electorales son de por sí disyuntivos, es decir, enfrentan a grupos sociales que proponen a la comunidad soluciones y candidatos diferentes.
Con frecuencia, lo sabemos bien, grupos políticos emplean artilugios y maniobras contrarios a la transparencia que la ley exige en las luchas electorales; no es una novedad que se falsifique la democracia; a pesar de ello, todos estamos obligados a continuar los esfuerzos que se han venido haciendo con distinta suerte, con el fin de que se imponga una democracia plena. Los grandes cambios de los siglos XIX y XX: Independencia, Reforma y Revolución tuvieron lugar por la fuerza de las armas; el cambio que ahora requiere nuestro país debe ser pacífico y a eso estamos obligados todos, y por ello es importante denunciar los hechos contrarios a esa intención.
Hace unas semanas, durante las llamadas precampañas o campañas internas de los partidos, fuimos testigos de actos violentos; grupos de choque preparados para ello irrumpieron en mítines pacíficos de un partido contrario al de ellos; agredieron de palabra y de hecho a quienes escuchaban a oradores que exponían argumentos y razones a su auditorio. La sociedad capitalina condenó de inmediato esos hechos vandálicos y, aparentemente, quedaron atrás los sillazos, los empujones y el vuelo de proyectiles destinados, más que a lastimar físicamente, a atemorizar y confundir. Hay carpetas de investigación ante el Ministerio Público y esperamos que ese nivel de conducta negativa haya quedado atrás.
Reaparece ahora otro tipo de intento encaminado a enturbiar el proceso electoral; el gobierno de la ciudad denunció que en varias delegaciones fueron cerradas las válvulas de distribución de agua potable. Asegura también que son acciones de grupos políticos. A la par, un dirigente partidista se atrevió a levantar una acusación pública para atribuir esa conducta antisocial y reprobable a los integrantes de un partido político. Se trata de que las víctimas de los sillazos, es decir militantes de Morena, ahora son, según esa denuncia, los autores de los cierres de las válvulas.
Resultó oportuno el editorial de La Jornada del jueves pasado, en el que advierte el increíble descuido que mantiene esas válvulas, tan importantes, al alcance de cualquiera.
Agregó un dato que puede orientar sobre este tema: la opinión de Morena expresada en el Constituyente de la ciudad fue a favor de incluir el acceso al agua en el catálogo de los derechos humanos reconocidos; también defendimos y logramos que quedará asentado en la ley máxima de la capital del país la prohibición para que la gestión del agua pudiera tener fines de lucro. El responsable del área del Gobierno de la ciudad, Ramón Aguirre fue, entre los funcionarios públicos del Ejecutivo, el más asiduo asistente a los trabajos de la Asamblea Constituyente; habló con todos y cada uno de los diputados y expresó siempre su punto de vista a favor de darle al organismo a su cargo una autonomía plena respecto de las autoridades centrales; los diputados de Morena pensamos, y así lo manifestamos y defendimos en la tribuna, que nos parecía que esa actitud podía ser el camino a la privatización del servicio de distribución del agua.
Es preocupante que el misterioso cierre de válvulas, la acusación o insinuación de que son militantes de Morena los responsables, tenga relación con el ataque a un partido en campaña, pero también que el fin sea desacreditar a la administración pública, presentándola como incapaz de cuidar las redes y, cómo se hizo con el petróleo, sugerir con el tiempo que el sistema se privatice.
¡Cuidado!
