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Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology

Niegan amparo a socio de Barreiro; el MP podrá solicitar su detención
 
Periódico La Jornada
Sábado 10 de marzo de 2018, p. 6

El juzgado 10 de amparo, con sede en Ciudad de México, rechazó otorgar una suspensión provisional en favor de Juan Pablo Olea Villanueva, uno de los principales socios de Manuel Barreiro Castañeda (considerado uno de los presuntos operadores financieros de Ricardo Anaya), por lo que el Ministerio Público Federal podrá solicitar su detención.

Dentro del juicio de amparo 190/2018, la autoridad jurisdiccional negó la suspensión solicitada por Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology, quien pretendía que la Procuraduría General de la República (PGR) no consignara el expediente que integra en su contra ante un juez penal.

En su resolución, el juez Patricio Vargas señala que la petición realizada por el empresario no se le podía otorgar debido a que causaría perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público y ello impediría la continuación del procedimiento penal.

De concederse la suspensión provisional, implicaría trastocar el orden público y el interés social. Se afirma lo anterior dado que, de otorgar la medida cautelar para que la responsable no determine la carpeta de investigación, implicaría paralizar el procedimiento penal, particularmente la etapa de investigación, pues el efecto de la suspensión sería que no se ejercite acción penal, es decir, que no se solicite a la autoridad judicial que se le cite a la audiencia inicial y, con ello, el Ministerio Público quedaría imposibilitado para formular imputación.

Asimismo, la resolución refiere que el otorgamiento de la suspensión tampoco afecta la garantía del inculpado a su derecho a la defensa ni implica un cambio de situación jurídica, pues a partir de que se formule la imputación y se vincule a proceso, el imputado estaría en posibilidad de preparar su defensa.

En este juzgado existen otras solicitudes de amparo presentadas por la defensa del empresario Manuel Barreiro y otros presuntos involucrados en una red de lavado de dinero que habría beneficiado al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, en operaciones con las cuales habría obtenido 54 millones de pesos.