Buenos Aires.

Este es un gobierno constitucional, con desaparición forzada seguida de muerte, como pasó con Santiago Maldonado, el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en el cual todos los días, desde que asumió el presidente Mauricio Macri, se violan los derechos humanos, denunció Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadoras, al solidarizarse con la familia de Facundo Burgos, niño de 11 años que fue asesinado por la espalda por policías de la provincia de Tucumán.

Desde que Macri trató como héroe al policía Luis Chocobar, quien asesinó por la espalda a Juan Pablo Kukoc, de 18 años, quien estaba desarmado y supuestamente asaltó a un turista, se han producido ejecuciones de jóvenes en circunstancias similares.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instituyó la llamada doctrina Chocobar al autorizar a fuerzas de seguridad actuar sin necesidad de esperar orden judicial, asegurando impunidad a los gendarmes en el caso de Maldonado y a los prefectos que asesinaron por la espalda a Nahuel.

En una entrevista radial, Almeyda recordó estos dos últimos casos y señaló que en el país hay presos políticos, represión y falta libertad de expresión, y demandó justicia para la familia de Burgos.

Consideró que esto sucede porque cada vez hay más resistencia pacífica y en este caso se refirió a lo logrado con el fallo de la Corte Suprema que detuvo el cuestionado 2x1 para liberar a genocidas, después de la gran marcha de mayo de 2017 y destacar que continúan los juicios.

En estos días el anuncio de la posibilidad de dejar libres o en prisión domiciliaria a 96 condenados por crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura ha provocado una fuerte reacción local e internacional.

Burgos circulaba en una moto con su amigo Juan, de 14 años, quien la conducía cuando fueron atacados a tiros por policías. Facundo pereció de un balazo en la nuca y Juan resultó herido. Ante la indignación popular se intentó argumentar un enfrentamiento que nunca sucedió. Lo grave es que los dos agentes responsables quedaron en libertad.

“No tengo dudas de enmarcar un caso de ‘gatillo fácil apoyado por la doctrina Chocobar”, dijo Matías Pisarello, responsable del área de Seguridad y Derechos Humanos Andhes, en diálogo desde Tucumán con Página 12. Destacó que lo grave es que la policía acepta que comenzó a perseguir a jóvenes que no estaban haciendo nada y que un chico de 11 años convertido en ‘sospechoso’ por andar en moto terminó con un tiro en la nuca, que le salió por la frente”.

Pisarello agregó: Desde 2018 han crecido los casos de violencia institucional en esa provincia y el uso de arma de fuego por personal policial aumentó notablemente”. Ello lo atribuyó a la doctrina Chocobar, que avala ese tipo de procedimientos y alienta al personal policial a tener estas actitudes.

Citó cuatro asesinatos en circunstancias similares en febrero pasado, incluso con ingreso ilegal a viviendas en barrios humilde. La lista a escala nacional en las mismas circunstancias ha crecido notablemente entre finales del año pasado y lo que va de 2018. “Hay un resurgimiento del abuso de la figura del sospechoso y esto nos preocupa sobremanera”.

Por otra parte, la organización no gubernamental Yonofui, que trabaja para reinsertar en la sociedad a mujeres presas, denunció que después de la gran marcha de las mujeres del pasado 8 de marzo, por la madrugada del 9, hubo un accionar violento y represivo en un pabellón de mujeres en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Por adherirse al paro internacional de mujeres haciendo un ruidazo pacífico algo simbólico, 15 detenidas fueron atacadas violentamente. Les arrojaron gas pimienta, las golpearon y las patearon, quedando varias lesionadas.

Una fue llevada al pabellón siquiátrico 27 de la unidad, depósito del SPF en el que drogan y golpean a las mujeres como parte del procedimiento, señala la denuncia, la cual pone énfasis en el ejercicio sistemático de la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres que están privadas de libertad por el SPF. Repudiamos esta represión que atenta contra sus derechos y vidas. Hacemos responsable al Estado ante consecuencias que pongan en riesgo la integridad física, síquica y emocional de nuestras compañeras.

En cuanto a libertad de expresión, después de haber logrado el despido de reconocidos periodistas, como Roberto Navarro y Victor Hugo Morales de la televisora C5N –con la que intenta quedarse el gobierno–, ahora cortan las transmisiones en diversos lugares del país para evitar que se vea el programa Minuto uno, del comunicador Gustavo Sylvestre, quien mostró mensajes con fotos que enviaban sus seguidores sobre las pantallas congeladas mientras duraba el programa. “Termina Minuto uno y mágicamente vuelve la señal. Así es imposible trabajar y se violenta la libertad de expresión”, denunció el informador.