Ciudad Juárez, Chih.

Karla Areli Jurado Bafidis, ex funcionaria de cuarto nivel de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, acusó al gobierno estatal, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, y a la Fiscalía General de Justicia, de presionarla sicológicamente y amenazarla con sentenciarla a 12 años de prisión si no aceptaba ser responsable del robo de unos 246 millones de pesos, cometido en 2016, y ser testigo protegido para declarar en contra del ex mandatario priísta César Duarte Jáquez y de otros ex funcionarios.

Por el mismo delito que se atribuye a Jurado Bafidis fue señalado Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte, quien se declaró culpable y se le sentenció a cuatro años de cárcel en un juicio de procedimiento abreviado. Actualmente se encuentra recluido en el penal estatal Aquiles Serdán.

En un cuestionario que le envió La Jornada, Karla Areli Jurado Bafidis expuso: Tuve mucho miedo de pasar 12 años en la cárcel. Yo jamás supe de ese dinero. Estaba a cargo de una oficina, no de la administración de la secretaría, como lo han presentado. Llevaba apenas cuatro días trabajando cuando se dio la desviación del dinero.

Afirmó que su juicio “está lleno de irregularidades. Se violaron todas las leyes y garantías constitucionales, porque para acusarme nunca me enviaron citatorio. Me detuvieron sin orden de aprehensión, me incomunicaron y obligaron a firmar para estar en un juicio abreviado lleno de mentiras y verdades a medias.

Es un juicio oral previamente juzgado por ellos, sentenciado, con testigos falsos y grandes intereses de ambos gobiernos; uno ladrón, el de Duarte, y el otro (de Corral Jurado) para demostrar trabajo contra la corrupción sin importar juzgar a inocentes, como en mi caso.

Jurado Bafidis recordó que tenía cuatro días de haber llegado a su oficina cuando sus jefes le pidieron firmar un contrato de servicios de capacitación de empresas que resultaron ficticias, a pesar de que mi función era en un área administrativa; es decir, distinta a la académica, en la que yo no tenía nada que ver.

Consideró que el comité de adquisiciones del gobierno de César Duarte Jáquez ya había planeado y premeditado el robo desde un año antes, para desviar dinero a las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Sólo faltaba a quien echarle la culpa.

Acusó que el gobierno de Javier Corral Jurado siguió un juego con intereses muy extraños; es decir, hace una justicia muy selectiva, integra expedientes con mentiras, culpa a personas inocentes y deja libres a los verdaderos culpables.

Según la acusada, tras el juicio la sentenciaron a regresar los 246 millones de pesos, dinero que no tengo y jamás tuve en mis cuentas, las cuales fueron revisadas a fondo por el equipo jurídico del gobernador, así como las de otros funcionarios que sí participaron en la desviación (del dinero) al PRI y que ya fueron sentenciados.

Karla Areli Jurado Bafidis insiste en que es inocente y que al ser detenida dejó a su esposo y a sus tres hijos en el abandono, con problemas económicos y morales, al ser señalada como culpable, y sin recursos para contratar un abogado, mientras los verdaderos culpables son conocidos, denunciados y señalados.

En septiembre pasado, Jurado fue sentenciada a tres años de prisión y a la restitución de 246 millones de pesos, en un juicio en el cual la presentaron como ex directora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, lo cual no era cierto, pues sólo estaba a cargo de una sección.

En el organigrama que presentaron los familiares de la ex funcionaria, aparece la dirección administrativa, dedicada sólo a funciones de oficina; “es decir –insistió–, no tenía facultades en toda la Secretaría de Educación, porque sólo era encargada de recursos humanos y materiales; no manejaba dinero”.

Luego del juicio de procedimiento abreviado que se realizó en la sala uno del Centro de Justicia, Jurado Bafidis se declaró culpable del delito de peculado agravado, como parte de la causa penal 780/2017.

La acusada aceptó los cargos para reducir la pena, que pudo haber llegado a 12 años de cárcel. La denuncia en su contra fue presentada el 21 de febrero de 2017 por la secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos Loya.

En cuanto a Ricardo Yáñez Herrera, ex secretario de Educación, el 28 de noviembre de 2017 fue declarado culpable de peculado agravado, condenado a cuatro años de cárcel e inhabilitado para ocupar cargos públicos en ese periodo; además, deberá cubrir una multa de 504 mil 183 pesos y reparar el daño al erario, que asciende a 246 millones de pesos.

El ex funcionario duartista fue sentenciado por el desvío de recursos cometido de febrero a abril de 2016 en dicha dependencia, recursos que supuestamente fueron destinados a las campañas del PRI en diversos estados.