El caso de una activista desaparecida desde el 23 de marzo de 2016 en Veracruz es paradigmático, porque da muestra de la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos en el país, debido a los ineficientes procesos en las indagatorias sobre crímenes en su contra por parte de las procuradurías o fiscalías.

Así lo dijo el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Édgar Corzo Sosa, quien informó que de 2006 a enero de 2018 hay 34 defensores civiles asesinados, de 2009 a 2017 cuatro han sido desaparecidos, y entre 2010 y el primer mes de este año el organismo nacional ha recibido 449 quejas de presuntas violaciones a las garantías de activistas en el país, eso sólo a escala federal. Los estados con mayor número de homicidios de activistas son: Chihuahua con 12, Guerrero con seis, Oaxaca con cinco y Sinaloa con dos.

En entrevista, el funcionario profundizó en torno a la recomendación difundida el domingo por la CNDH sobre el caso de la desaparición de Claudia Ivonne Vera García, colaboradora de la organización ¿Y Quién Habla por Nosotros?, que brinda apoyo a familiares de personas ausentes, en la que se acreditó que funcionarios de la Fiscalía General de Veracruz incurrieron en irregularidades en las indagatorias sobre la desaparición, vulnerando el derecho a la procuración de justicia a la víctima y sus familiares.

El visitador advirtió que las indagatorias de la fiscalía veracruzana han sido tan deficientes, que casi un año después de la desaparición de la activista ni siquiera se ha obtenido una orden de aprehensión contra los posibles responsables del crimen y no hay informes de la actuación de la policía ministerial, lo único que la CNDH pudo obtener es que los agentes acudieron a un centro comercial del estado, tiempo después de la desaparición de Vera García, a preguntar si alguien la conocía.

La fiscalía tampoco ha considerado como línea de investigación la labor como defensora de derechos humanos de la víctima ni se ha advertido un análisis por cuestiones de género. Las irregularidades en el proceso llegaron a tal punto, detalló Corzo Sosa, que se le pidió a una familiar de la activista que ella misma entregara los oficios para notificar del caso a otras autoridades.

Si bien la recomendación está dirigida al fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, Corzo Sosa enfatizó que también es un mensaje para los titulares de todas las fiscalías y procuradurías del país.