El defensor legal de César Duarte Jáquez negó que el ex gobernador priísta de Chihuahua sea propietario o poseedor del rancho San Isidro, asegurado el pasado 10 de marzo por la fiscalía estatal, como lo anunció el mandatario panista Javier Corral Jurado.

En una carta, el abogado Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana afirmó que es absolutamente falsa la afirmación del gobernador del estado de Chihuahua de que ese predio le pertenece.

El litigante rechazó categóricamente cualquier vínculo de propiedad o posesión con dicho terreno. Hago una cordial invitación pública a Javier Corral Jurado para que se conduzca con verdad ante el pueblo de Chihuahua y deje de violentar los derechos humanos de mi defendido.

Ayer por la mañana, en gira de trabajo por Ciudad Juárez, Corral anunció que fue asegurado otro rancho a Duarte Jáquez, de nombre San Isidro, en el municipio de Parral, y que con esta finca sumaban ya 21 diferentes propiedades resguardadas, 17 de ellas son terrenos rurales.

De acuerdo con el mandatario panista, los inmuebles asegurados a su antecesor servirán para recuperar el fruto de lo indebido.

Corral refirió que al momento César Duarte tiene acumuladas ya 12 órdenes de aprehensión, 11 del Ministerio Público estatal y una más del fuero federal, que dictó un juez por el delito de peculado.

Insistió en que el gobierno federal debe cumplir con la ley en el caso de César Duarte para que sea extraditado y enfrente la justicia en Chihuahua.

Indicó que se espera el cumplimiento de los acuerdos por parte de la Presidencia de la República, primero del que existe con todas las entidades federativas en cuanto a los tratados de extradición (Duarte Jáquez se encuentra actualmente en Estados Unidos), y luego por el acuerdo firmado el pasado 4 de febrero con en la Secretaría de Gobernación con el mandatario de Chihuahua.

Javier Corral destacó la importancia de que el gobierno federal incluya todas las órdenes de aprehensión existentes en el expediente de la extradición, ya que eso permitirá recuperar diversas propiedades que son el fruto de lo indebido.

Dijo que antes de que finalizara la administración anterior era tema recurrente la adquisición de ranchos por parte del entonces gobernador, y recordó también que en casos como el del rancho Santa Rita, en Camargo, se utilizaron métodos coercitivos para lograr las ventas, pues se obligó a los antiguos propietarios a rematar sus fincas en beneficio del ex gobernador priísta.