Dentro de las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía de Quintana Roo y otras dependencias realizan sobre la explosión de un artefacto en un transbordador en Playa del Carmen, las autoridades federales acortaron de 20 a sólo dos posibles responsables materiales del hecho.

De acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, una de las principales líneas de investigación apunta a que el móvil se debió a que la empresa Barcos Caribe, propietaria del navío y presuntamente vinculada con el padre del ex gobernador Roberto Borge, detenido en 2017, pasa por un mal momento financiero, y que podría tratarse de una estrategia para cobrar el seguro de la embarcación.

El artefacto dejó 26 personas lesionadas el pasado 21 de febrero y estaba colocado en una zona estratégica donde el daño sería menor, por lo que se analiza si fue colocado de tal forma que no causara su hundimiento ni daño en el cuarto de máquinas.

Apenas el domingo la PGR descartó que el crimen organizado esté detrás, porque es contrario a sus intereses, pues actos como éstos provocan el aumento de las medidas de seguridad y atención de las autoridades en la entidad federativa indicó el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán. También aseguró que ningún grupo terrorista se adjudicó la responsabilidad.

Tras la explosión, la PGR abrió una carpeta de investigación y envió peritos expertos en química, criminalística, fotografía, incendios y explosivos, también se efectuaron entrevistas con testigos y el aseguramiento del barco. Unos días después, el pasado primero de marzo, buzos de Barcos Caribe reportaron el hallazgo de otro dispositivo explosivo atado bajo una nave de esa misma empresa, el cual era presuntamente más sofisticado, ya que podía activarse a distancia.