Alrededor de 445 millones de pesos de programas destinados a los cafeticultores constituyen probable daño al erario, ya que estos recursos fueron entregados sin cumplir con la normatividad. Sin documentación que lo pruebe se otorgaron a organizaciones y proveedores, además de que se contrataron insumos a empresas no autorizadas, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el análisis de la cuenta pública 2016. Los productores de café se encuentran en las zonas más marginadas del país, sobre todo en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

De acuerdo con la ASF se analizó 60 por ciento de los mil 212 millones de pesos del Programa de Apoyos a Pequeños Productores, componente Procafé, y Plan Integral de Atención al Café por concepto de infraestructura, equipamiento e insumo, establecimiento de vivero, paquete tecnológico y gestión de proyectos para productores del aromático.

Explicó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no cumplió con la normativa establecida, ya que organizaciones y proveedores recibieron en forma directa recursos del subsidio por un monto de 325 millones 858 mil de pesos.

Este monto no fue comprobado por las instancias ejecutoras, que son la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (Fefa), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la propia unidad responsable por conducto de las delegaciones estatales.

Beneficiados, proveedores no autorizados

También se adquirieron insumos por 82 millones 809 mil pesos con empresas que no están en el portafolio de proveedores autorizados por la Sagarpa. Sumado a ello existen reintegros pendientes de realizar a la Tesorería de la Federación por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café y el Fefa, por un monto de 13 millones de pesos.

La ASF argumentó que los beneficiarios reales del programa, que son los estratos más vulnerables del país y razón de ser de los programas sociales, al no recibir los recursos del subsidio, carecieron de la oportunidad de incrementar el volumen de sus cosechas y la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas mediante incentivos para la integración de la cadena productiva, inversión en capital físico, humano y tecnológico, así como uso sustentable de los recursos naturales, lo cual afectó en la práctica, el acceso a los derechos sociales.

A lo cual se suma que con ello “dejaron de garantizarse las mejores prácticas que aseguraran la posibilidad de impactar de manera positiva a la población objetivo del componente en las 13 entidades productoras cafetaleras de la República mexicana.

La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes dedicados al cultivo del grano, exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público, manifestó la Auditoría Superior de la Federación.