El PRI en la Cámara de Diputados presentó ayer una iniciativa para regular la propaganda gubernamental, que busca terminar con el vacío normativo en la materia, frenar el uso excesivo de recursos públicos, evitar la parcialidad en la entrega de publicidad e impedir la contratación de espacios oficiales para promoción personal de los funcionarios.

La intención, explicó el tricolor, es definir las normas a las que deberán sujetarse los entes públicos, federales y estatales, para garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de que respete los topes en el presupuesto, límites y condiciones del gasto.

El proyecto, que fue explicado ayer en tribuna por la diputada Paloma Guillén Vicente, define que la ley no será aplicable para las campañas de carácter industrial, comercial o mercantil de los entes públicos ni en las actuaciones gubernamentales que deban publicarse por mandato de ley.

Prevé un registro nacional de medios de comunicación y plantea las reglas a las que deberá sujetarse la contratación de publicidad, principalmente la justificación técnica de la selección del medio, a partir del criterio de cobertura territorial, tiraje e impacto y penetración.

La publicidad por los informes anuales de labores o de gestión de los servidores públicos no se considerará comunicación social, pero se quiere acotar que no tengan fines electorales ni realizarse desde el inicio de las precampañas y hasta las elecciones.

La iniciativa priísta, que tiene el respaldo de sus aliados en la coalición Todos por México, considera que se suspendan las campañas de comunicación social en las elecciones, excepto la difusión de información de las autoridades electorales, servicios educativos y de salud, así como las necesarias para protección civil en caso de emergencia o las que autorice el Instituto Nacional Electoral.

También se obligaría a las dependencias a aprobar una estrategia anual de comunicación, que sería autorizada por la Secretaría de Gobernación; una vez avalada, cada entidad tendría que presentar una solicitud de campaña publicitaria, que incluya los medios a utilizar, los recursos y requisitos.

En el rubro de transparencia, la propuesta considera la obligación gubernamental de constituir un sistema público de registro, en la Secretaría de la Función Pública, que incluya la partida de gasto, fecha de la erogación, descripción del servicio, unidad de medida, cantidad, costo, tarifa o cuota contratada y el nombre de la persona física o moral que reciba el contrato.

A Gobernación se le obligaría a entregar un informe bimestral a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los programas y campañas de publicidad, mientras los entes públicos que ejerzan la publicidad deberán incluir un reporte semestral sobre ese gasto, en sus páginas de transparencia.

Estos últimos incluirían, al menos, el presupuesto asignado a publicidad, los proveedores, la contratación concertada y el pago realizado a medios de comunicación.

En la tribuna, la diputada priísta expuso que esta iniciativa responde a la exigencia ciudadana de asegurar el acceso a una información completa, oportuna, veraz y, por supuesto, al manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad del Estado mexicano.