El movimiento Mexicali Resiste se manifestó ayer por que no se criminalicen las protestas en México, después de que el miércoles el activista León Fierro fue detenido algunas horas por increpar en un acto público al secretario general de Gobierno de Baja Californis, Francisco Rueda Gómez, a quien llamó corrupto y ratero. La organización convocó a una marcha para el próximo domingo contra actos autoritarios de la administración estatal.

La agrupación adelantó que también protestará por los incrementos a los precios de los hidrocarburos generados por la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto; además, denunciará actos de represión e intimidación de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Mexicali Resiste informó que en enero de 2017 habitantes de ese municipio iniciaron una expresión masiva en contra de los gasolinazos y la privatización del agua en una ley estatal promovida por el gobierno local y aprobada por el Congreso del estado en diciembre de 2016, y en rechazo a la instalación de la cervecera Constellation Brands en el Valle de Mexicali.

Detalló que Fierro fue detenido por agentes municipales la tarde del 14 de marzo en un acto protocolario por el aniversario de Mexicali. Fue liberado después de cuatro horas, previo pago de una multa. Por ello, realizarán un mitin frente a la comandancia de la policía municipal para denunciar que no existe democracia en este país, secuestrado por gobiernos represivos y fascistoides.

León Fierro, quien ha sido vocero de Mexicali Resiste, señaló que su liberación fue resultado de la presión social y arengó: Ni un paso atrás, compañeros, porque las manifestaciones sí funcionan.

Narró que entró a la ceremonia de aniversario con un grupo de compañeros, y sorteó vallas y un cerco policial como si estuviera Trump o Peña Nieto.

Aseguró que el juez municipal le dijo que su detención no fue por protestar, sino porque se trataba de un acto en el cual no se podía molestar a los funcionarios.

“No les dijimos una sola grosería, sólo sus verdades: son una bola de corruptos y de rateros en México, Baja California y Mexicali. Si nos callamos los mexicanos se va a hundir el país. La manifestación del próximo domingo (originalmente por los gasolinazos) será contra la represión y el derecho de manifestación. Me querían cobrar 3 mil pesos. Hasta la libertad de expresión han privatizado”, señaló.

Alcalde acepta recomendación

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió una recomendación al alcalde panista de León, Héctor López Santillana, por criminalizar a seis activistas que protestaron en enero de 2017 contra el incremento a los pasajes.

La libertad de expresión es indispensable para el desarrollo de la democracia, recordó el ombudsman estatal, Raúl Montero de Alba, quien llamó a dar garantías a manifestaciones como la desobediencia civil pacífica.

Asimismo, recordó el caso de Gabriela Zuleica Arriola Cadena, José Roberto Saucedo Pimentel, Yolanda Martínez Ortiz, Rodrigo González Zaragoza, Jaime Rufino Herrerías y Vicente Hernández Barrios, cuyas fotografías y nombres fueron exhibidos por el gobierno de León en el periódico AM en notas con los encabezados: Prende violencia e Identifican a impulsores de protestas.

La información publicada el 5 de enero de 2017 refiere que instituciones de seguridad elaboraron fichas de ocho personas, identificadas como los principales impulsores de movilizaciones.

En el expediente de queja 2/17-A, el gobierno de López Santillana negó tener fichas de los quejosos y haberlas filtrado al periódico.

Como pruebas, los quejosos entregaron un video en el cual el alcalde declara que existen líderes visibles en las protestas y que dialogaría con ellos si dejaban las actitudes violentas; de lo contrario, se les denunciará.

La PDHG determinó que la autoridad municipal efectivamente tenía perfiles de los afectados.

En un comunicado, el alcalde informó que aceptó la recomendación, pues la participación ciudadana es uno de los pilares que esta administración impulsa para involucrar a la sociedad de forma activa en las decisiones de gobierno.