Amnistía Internacional (AI) aseveró que el informe condenatorio por vulneración de las garantías fundamentales de varios detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, elaborado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), ilustra la manera en que las autoridades abusan del sistema judicial y cómo se niegan a hacer frente a las violaciones de derechos humanos.

En el informe, dado a conocer ayer, la ONU-DH asegura contar con sólidos elementos de convicción para sostener que 34 de las personas procesadas por el caso Ayotzinapa fueron torturadas y víctimas de otras violaciones de sus garantías durante y después de su detención, por elementos de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina.

AI señaló que el reporte revela que la detención de los sospechosos se hizo en forma arbitraria y fueron torturados, además de que hubo manipulación y ocultamiento de pruebas. Asimismo, subraya la necesidad urgente de reformar las investigaciones penales que se realizan en México.

Las conclusiones de la ONU-DH confirman lo que activistas y organismos defensores de derechos humanos llevan años denunciando: el uso generalizado de la tortura por las autoridades y la manipulación de pruebas para encubrir terribles violaciones a las garantías fundamentales y propiciar la impunidad de sus autores, aseveró Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

AI recordó que los expertos internacionales han echado por tierra repetidamente la teoría conocida como verdad histórica que planteó la PGR (encabezada entonces por Jesús Murillo Karam), según la cual la policía municipal entregó a los estudiantes a integrantes de una banda local de narcotraficantes, quienes los asesinaron, quemaron los cadáveres en un vertedero en Cocula y arrojaron las cenizas al río San Juan.

Instó a México a implementar de manera oportuna y efectiva las 15 recomendaciones formuladas en el informe, especialmente las relativas a establecer un sistema realmente independiente e imparcial de investigación penal, y erradicar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes gubernamentales.

El gobierno mexicano debe abrir de inmediato una investigación independiente y exhaustiva basada en las conclusiones del informe. Todos los funcionarios públicos sospechosos de estar implicados en actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser suspendidos de su puesto en espera de los resultados de la investigación, concluyó Guevara-Rosas.