l trabajo legislativo que se realiza en el Senado, para modificar la Ley Federal del Trabajo y, de esta manera, reglamentar la reforma constitucional de hace un año, enfrenta una serie de obstáculos y riesgos que se verán incrementados si el gobierno pretende acelerar su aprobación sin consenso y debida instrumentación. La clave para superar estos escollos está en ser congruente con la Constitución y no caer en el juego de aquellos intereses que impulsan una regresión, pretendiendo volver a un sistema de justicia ineficiente y parcial y a una contratación colectiva en manos del patrón, teniendo como entorno la corrupción y la simulación.

Actualmente, por lo menos son cinco los factores que condicionan la reforma. El primero, es el conflicto político que el gobierno federal ha trazado contra el PAN, lo cual rompe temporalmente con la alianza que en estos temas mantenían, respondiendo esencialmente a las peticiones empresariales.

Un segundo elemento se relaciona con el contenido de la iniciativa de ley presentada el siete de diciembre pasado por dos senadores priístas, elaborada por encargo del gobierno federal, aunque procesada en la sede de un despacho empresarial, que según se ha demostrado, se fue hasta la cocina en sus pretensiones. Esta iniciativa ha recibido desde su presentación el rechazo de todos los sectores, porque no sólo excede y contradice el mandato constitucional, sino que es altamente lesiva para todos y totalmente impracticable.

La tercera cuestión se ubica al interior del Senado. Hace días, el presidente de la Comisión de Trabajo decidió migrar del PRI a Morena, trastocando con ello los planes del gobierno. Atendiendo a la palabra comprometida del líder del Senado, cualquier cambio en esta Comisión, debe operarse en conjunto con otras comisiones, lo cual seguramente llevará su tiempo.

El cuarto factor tiene una vinculación internacional. Al firmarse el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el gobierno mexicano se comprometió a regirse por jueces laborales independientes, respetando los principios de la Organización Internacional del Trabajo. La iniciativa reglamentaria de origen priísta que hoy se discute, va en sentido contrario, pues invade las funciones del poder judicial por conducto de un órgano administrativo tripartito que impone requisitos para el ejercicio de derechos colectivos imposibles de cumplir por un gremio auténtico, omitiendo el voto secreto para acceder a la contratación colectiva. También nos encontramos en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se ha visto acompañada de una vigorosa presencia de gremios, organismos no gubernamentales y legisladores de los tres países participantes que consideran, con razón, que el modelo laboral autoritario y corrupto que pretende reeditarse en México, por medio de la Iniciativa priísta, daña los principios y derechos acordados para las tres naciones.

El quinto factor que condiciona el trabajo legislativo preocupa al gobierno federal más que los otros; consiste en que una reforma laboral regresiva, aprobada en estos momentos, sería el tiro de gracia para su candidato presidencial, José Antonio Meade. Si bien Enrique Peña Nieto tiene cifradas sus esperanzas en la compra del voto, la manipulación de las instituciones y el aprovechamiento de la infame pobreza de los municipios más olvidados, una movilización laboral en su contra puede ser letal, porque desataría otros agravios, incluso en las filas de los gremios laborales controlados. A esto se añade el hecho de que en estos meses se ha articulado una amplia red de oposición al proyecto gubernamental.

Frente a este panorama, el gobierno tiene la opción de seguir por el camino de la imposición y aprobación de la iniciativa repudiada o escuchar a quienes en congruencia con la Constitución y con las necesidades del país plantean un camino diferente. Para ello, sería necesario, en primer lugar, no incluir en los cambios a la ley laboral temas ajenos a la reforma constitucional, como facilitar el despido injustificado y afectar la estabilidad laboral por medio de la contratación temporal sin contrapesos. Segundo, respetar la función de los jueces laborales para que apliquen la ley sin la invasión del Centro Nacional de Conciliación y Registro Laboral.

Nada tiene que ver este órgano administrativo en los conflictos intergremiales o de titularidad de contratos y nada hay que conciliar cuando un sindicato afirma ante el juez que representa a la mayoría de los trabajadores, ya que sólo el voto de ellos podrá dilucidar esta controversia y no una negociación únicamente explicable por un acto de corrupción.

Tercero, ser congruente con la Carta Magna y, por tanto, rescatar el gigantesco valor de una negociación colectiva decente y responsable, lo cual implica que los trabajadores tengan facultad de decisión y textualmente señalar la condición del voto personal, libre y secreto, admitiendo también la opción de la huelga como un derecho humano reconocido en el mundo, que no debe ser obstaculizado mediante requisitos insalvables ni órganos administrativos ajenos a la función jurisdiccional.

Cuarto, establecer un procedimiento ordinario con base en las mejores prácticas del método oral para que un juicio no dure más de cuatro meses, cuente con la cercanía del juzgador y se construya sobre la veracidad en las declaraciones y reclamos.

El dilema del gobierno es atender a los principios constitucionales y necesidades del país o seguir siendo aliado a los intereses de siempre. Veamos en los próximos días por dónde decide transitar.