El riesgo es permanente. Cada vez que se publica información que pueda afectar los intereses de alguien hay peligro. La fatalidad se puede dar al salir a la calle, al cubrir una conferencia de prensa, al ir a tomar un café o al dejar la redacción. Los ataques son variados: agresiones físicas, demandas por difamación, llamadas intimidatorias, amenazas de muerte, seguimientos, desaparición y hasta asesinatos.

A dos días del primer aniversario del homicidio de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua (23 de marzo), esa es la realidad que viven los periodistas en México, la cual los relatores especiales para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, calificaron de catastrófica, al tiempo que criticaron que la impunidad sea la regla.

En su informe más reciente sobre libertad de expresión en el mundo, la organización Reporteros Sin Fronteras detalló que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio de esta labor. En 2017 se perpetraron 12 homicidios de profesionales del periodismo (entre ellos el de Miroslava Breach y el de Javier Valdés Cárdenas, corresponsal de La Jornada en Sinaloa), mismo número que en Siria, un país que está en guerra desde 2011.

Cuando se compara con Siria y otros países donde existen conflictos armados y autoritarismo, México sale peor parado, porque es una democracia que en muchos sentidos aspira a ser un país desarrollado, sentenció el relator Lanza al presentar, junto a su colega Kaye, las conclusiones finales de su visita de trabajo a territorio nacional, que realizaron del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta que de 2000 a la fecha han sido asesinados 132 periodistas en el país, 41 en el actual sexenio; desde 2005 han desaparecido 21, y de 2010 al 31 de enero de este año se han recibido 708 quejas por violaciones a las garantías de los reporteros.

Organizaciones civiles han documentado al menos 20 casos de periodistas desplazados en la República y ocho hacia el exterior por el riesgo que enfrentan en sus lugares de trabajo.

Datos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que en lo que va de este año han sido asesinados dos comunicadores (Carlos Domínguez, reportero independiente en Tamaulipas, y la bloguera Leslie Ann Pamela Montenegro, conocida como Nana Pelucas, en Guerrero), así como la desaparición de Agustín Silva, en Oaxaca.

De acuerdo con la CNDH, las entidades más riesgosas son: Veracruz (21 homicidios); Oaxaca, Tamaulipas y Guerrero (15 cada uno); Chihuahua (14), y Sinaloa (siete); 65.9 por ciento de los asesinatos se concentran en seis entidades.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha documentado que los ataques contra la prensa en México son previos a la puesta en marcha de la llamada guerra contra el narcotráfico. Tamaulipas fue el primer estado donde los cárteles de la droga, muchas veces en colusión con funcionarios gubernamentales, comenzaron a ejercer la violencia contra los medios.

Esta instancia ubica el origen de la violencia contra el gremio en abril de 2000, con el homicidio de Pablo Pineda, del diario La Opinión, de Matamoros, quien cubría temas de narcotráfico y antes de ser acribillado sufrió un atentado. Ese mismo año fue asesinado Luis Roberto Cruz, de la revista Multicosas, en Reynosa. Las indagatorias de ambos casos, lamentó la relatoría de la CIDH, siguen sin esclarecer los móviles y los responsables no han sido indentificados.

Debido a la presión nacional e internacional ante esta crisis, el Estado mexicano creó dos instancias: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), en 2010, y el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en 2012. Sin embargo, las agresiones siguen en aumento. Cifras oficiales muestran que de julio de 2010 a la fecha la Feadle ha iniciado mil tres averiguaciones previas por delitos contra periodistas, y sólo se han dado dos sentencias condenatorias. En tanto que 380 comunicadores se han incorporado al esquema de protección del mecanismo.

Lejos de disminuir, los riesgos son cada vez mayores, como documentaron los relatores Kaye y Lanza, al advertir que hay algunas zonas del país donde el gremio vive aterrorizado por las amenazas o agresiones que ha recibido y porque han visto a muchos compañeros asesinados o desaparecidos.