A pesar de la promulgación de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Cometidas por Particulares, en las instituciones nacionales persisten múltiples fallas y carencias para resolver este delito, entre ellas la falta de recursos económicos y humanos para realizar investigaciones, la nula capacitación de servidores públicos y la descoordinación entre las autoridades.

Así lo indica un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en el cual se advierte que el gobierno tiene menos de cuatro meses para crear varias instituciones que darían funcionalidad a la ley.

Al presentar el informe Desapariciones forzadas e involuntarias. Marco legal, políticas públicas y líneas de acción, Francisco Rivas, director general del ONC, señaló que en el país no se ha articulado una estrategia coherente, sostenible y evaluable para terminar con este delito, por lo que siguen privando las acciones cosméticas y sin visión de largo plazo.

Entre las principales fallas, indicó, están la falta de capacidad e infraestructura institucional para recibir las denuncias de desapariciones forzadas e investigarlas, como lo prueba el hecho de que sólo hay 49 agencias del Ministerio Público especializadas en este ilícito, en 19 estados.

De igual forma, la carencia de recursos es un obstáculo importante, pues en el Presupuesto de Egresos 2018 no hay partidas etiquetadas específicamente para echar a andar organismos fundamentales para la ley, como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD).

A lo anterior se suma la inexistencia de organismos que supervisen la actuación de las autoridades encargadas de las investigaciones, la falta de protocolos estandarizados para llevar a cabo las indagatorias y la falta de coordinación interinstitucional.

Pese a estas carencias, la ley establece que el 15 de julio deben estar listas varias instituciones vinculadas con la norma, como la CNBPD, el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas y las comisiones de búsqueda de las 32 entidades federativas, entre otras.

Para revertir esta situación, el informe del ONC delineó varias propuestas, entre ellas crear un mecanismo ciudadano de supervisión de las investigaciones oficiales, sancionar a los funcionarios omisos, garantizar un presupuesto básico al sistema de búsqueda, mejorar los servicios forenses y capacitar a los servidores encargados de atender a las víctimas.