En esta administración se han destinado 14 mil 560 millones de pesos a la construcción y renovación de plantas de bombeo de aguas residuales, a proyectos integrales de saneamiento, al sistema de drenaje pluvial y a reforzamientos del drenaje, señaló el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Al celebrar el Día Mundial del Agua, en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, afirmó que los esfuerzos están orientados a mantener la operación constante de una infraestructura hidráulica compleja y extensa con 450 pozos, 280 plantas de bombeo y una red de plantas, cárcamos y colectores, con lo que, aseguró, la capital del país avanza hacia la sustentabilidad hídrica, al contar con más de 13 mil kilómetros de red de agua potable y 12 mil 500 kilómetros de drenaje.

Advirtió que uno de los retos de la próxima administración será optimizar el tratamiento de agua y reiteró que se requiere que la Federación otorgue más recursos, porque se brinda un servicio metropolitano.

No damos un servicio sólo a la Ciudad de México; aquí hay 9 millones de habitantes, pero antes de mediodía estamos dando agua a más 15 millones de personas que vienen de los estados aledaños y nosotros no podemos hacer distingos, acotó.

Mancera entregó a niños el libro Cuidar el agua y relojes de arena –de los cuales se distribuirán 50 mil unidades de cada uno– como herramientas para que tomen conciencia de la importancia de ahorrar agua. Cuando se metan a bañar ponen el reloj y cuando termine de caer la arena deben cerrar la llave para no desperdiciar agua. El tiempo que dura es de aproximadamente 5 minutos, explicó.

En la Asamblea Legislativa (ALDF), el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para considerar como sabotaje, con pena hasta de 15 años de prisión, la manipulación indebida de las válvulas de la red de agua potable, como denunció el gobierno capitalino que ocurrió en al menos 50 puntos de la ciudad en los primeros días del año.

La presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua de la ALDF, la diputada Wendy González Urrutia, presentó la adición al artículo 363 de dicho ordenamiento, que plantea imponer una condena de cinco a 15 años a quien dañe, altere, destruya, impida o entorpezca de manera ilícita la provisión de servicios públicos cuando se pruebe que dicha conducta tuvo como fin trastornar la vida económica, política, social y cultural de la Ciudad de México o para alterar la capacidad del gobierno.