sta semana, un juez declaró culpable de homicidio a un yaqui inocente. El próximo 28 de marzo dictará sentencia mientras su comunidad y su familia buscarán justicia en otras instancias. Se trata de Fidencio Aldama Pérez, de 29 años, parte de la lucha que libra su tribu contra la imposición de un gasoducto en Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos que conforman la tribu del sur de Sonora.

Fidencio es un preso político, por lo tanto el veredicto que dictó el juez Hugo David Silva no es sólo en su contra, ni siquiera contra su comunidad, sino la respuesta que desde el Estado se ofrece a todos los pueblos, naciones y tribus indígenas del país que se oponen al despojo de sus territorios. La familia afirma que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano influyó en el resolutivo del juez, pues continúa avalando el gasoducto de la discordia que mantiene preso a Fidencio.

Loma de Bácum es el único de los ocho poblados que no avaló la construcción del Gasoducto Sonora, obra de 840 kilómetros que inicia en Caborca y llega a Huatabampo, y que, de acuerdo con estudios especializados, afectará casas, parcelas, arroyos, zanjas, flora y provocará un serio daño ambiental, social, cultural y religioso. Nada que importe a la empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova), que ha invertido mil millones de dólares en el proyecto, con el consentimiento de la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad.

Siguiendo el manual del despojo, la empresa avalada por el gobierno ha provocado división y tensiones comunitarias. Loma de Bácum organizó su consulta y la mayoría dijo No al gasoducto, lo cual hubiera sido suficiente para parar la obra, pero la empresa no se rindió. El 21 de octubre del 2016 llegaron más de 500 personas armadas, agredieron a la asamblea y armaron una trifulca. Se escucharon tiros y murió Cruz Buitmea, de 40 años. Días después, la policía detuvo a Fidencio Aldama, a pesar de que la prueba de balística dio negativo. Un año y cinco meses después, un juez lo considera culpable de esa muerte, cuando su único delito fue ser parte de la defensa de su territorio y quizás no haber aceptado los 500 pesos que les ofrecieron para avalar la destrucción de su pueblo.

Carmen García Vázquez, esposa de Fidencio, no se da por vencida y sigue dando la pelea junto a la comunidad. Con más ganas seguimos la lucha contra el gasoducto, pues lo de Fidencio nos fortalece, dice. El próximo 28, día de la sentencia, sabrán cuáles son las instancias federales que tocarán. Es el precio de no dejarse, dice, así como un día hicieron nuestros ancestros.

losylasdeabajo@yahoo.com.mx